Con 72 votos a favor y 34 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que ha encendido las alarmas de organizaciones civiles y expertos, quienes la califican como un instrumento de censura y criminalización de la libertad de expresión.
La modificación central recae en el artículo 403 bis, impulsado por la mayoría oficialista, el cual establece penas de uno a cinco años de prisión para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de cualquier dependencia pública de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al error u origen oficial para cometer un ilícito.
Los riesgos detrás de la redacción
Aunque la argumentación oficial del bloque de la Cuarta Transformación sostiene que la medida busca fortalecer las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la piratería en el marco de las negociaciones del T-MEC —reduciendo la pena original de entre cinco y siete años a un rango de uno a cinco—, la oposición y especialistas advierten sobre un trasfondo autoritario.
Senadores opositores, como Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano), señalaron que la ambigüedad en el texto abre la puerta para que críticas, sátiras, memes o contenidos digitales sean equiparados legalmente con delitos graves como el fraude, el robo o el encubrimiento criminal.
“Son muy graves los peligros para la libertad de expresión, porque a partir de esta reforma estaremos dotando al Gobierno de herramientas jurídicas para encarcelar, si así lo interpretan, a quienes lo critiquen o hagan señalamientos que no sean de su agrado”, advirtió Barrales.
Durante la votación en la Cámara alta, un grupo de 22 legisladores se ausentó, destacando la ausencia del tabasqueño Adán Augusto López.
Rechazo de organismos internacionales y defensores de derechos
Tras la luz verde en el Senado —que ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para su ratificación final—, diversas organizaciones externaron su profunda preocupación:
- Comité para la Protección de Periodistas (CPJ): JanAlbert Hootsen, representante en México, advirtió que la norma ataca directamente expresiones satíricas y memes empleados para cuestionar al poder, elementos que calificó como un fenómeno saludable en cualquier democracia.
- Artículo 19: La organización defensora de derechos humanos señaló que tipificar la libertad de expresión mediante reformas penales ambiguas vulnera los estándares democráticos y pone en riesgo constante a periodistas, activistas y ciudadanos críticos que utilizan recursos gráficos oficiales en sus contenidos informativos y de opinión.
