Habitantes del municipio de Aldama, en el sureño estado mexicano de Chiapas, sepultaron este martes al indígena tsotsil Lorenzo Gómez Ruiz, quien fue asesinado por grupos armados en medio del recrudecimiento de la violencia en contra de ocho comunidades.
El pasado lunes 10 de enero, Gómez Ruiz se encaminaba a la comunidad de Juxton, proveniente de la cabecera municipal de Aldama, cuando una bala impactó en su costilla. El joven de 21 años fue trasladado al Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, a poco más de 30 kilómetros, pero falleció.
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El asesinato de Gómez Ruiz ocurrió un día después de que el indígena tsotsil Javier Hernández de la Torre fuese herido con una bala que impactó debajo de su ojo izquierdo. El hombre de 32 años fue trasladado al Hospital de las Culturas para recibir atención médica.
Agresiones armadas
El asesinato de Gómez Ruiz y la agresión en contra Hernández de la Torre se enmarcan en un contexto de la violencia que azota a este municipio localizado en el centro de Chiapas.
Entre el viernes 7 y el lunes 10 de enero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó 49 ataques armados hacia las comunidades indígenas de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y la cabecera municipal de Aldama.
Algunas de estas agresiones fueron perpetradas por grupos armados que se localizaban en distintos sectores de la comunidad de Santa Martha, en el vecino municipio de Chenalhó, según informó Frayba. Desde noviembre de 2021, la organización denunció que la violencia perpetrada por grupos paramilitares contra la población de Aldama provocó el desplazamiento forzado de unas 3.000 personas, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores.
La población de Aldama denuncia que al menos desde 2018 estos grupos armados incrementaron la violencia contra sus habitantes para exigir la entrega de 60 hectáreas de tierra, según reportó la agencia de noticias Quadratín.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a 22 comunidades de los municipios vecinos de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. En detalle, el órgano instó al Estado mexicano a realizar las acciones necesarias para “prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada” en contra de los habitantes de estas localidades.
En este contexto, desde Frayba exigieron al Gobierno mexicano “cumplir con las acciones de prevención y protección hacia los habitantes del municipio de Aldama”, como solicitó la CIDH, ya que “los factores de riesgo que ponen en peligro la vida” de la población “no cesan”.
