La organización México Evalúa advirtió que, en los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha experimentado cambios internos que debilitan sus propios mecanismos de control. La conclusión es clara: el órgano responsable de vigilar el uso del dinero público también necesita fortalecer la vigilancia dentro de su propia estructura.
Entre las decisiones más controvertidas destaca la desaparición del Consejo de Dirección, instancia colegiada que definía la planeación estratégica del organismo. A ello se suma la eliminación de la unidad de Auditoría Interna, un movimiento que redujo los contrapesos institucionales y concentró la toma de decisiones en menos manos.
El centro de investigación también observó irregularidades en la estabilidad del Programa Anual de Auditorías. Entre 2018 y 2024 se cancelaron cerca de 200 revisiones programadas, una cifra que, según el análisis, redujo el alcance del control sobre el gasto público justo en un periodo marcado por presiones financieras y decisiones presupuestales polémicas.
A este escenario se añade el rezago en el seguimiento de observaciones. Diversos diagnósticos legislativos han documentado que importantes montos de recursos públicos sujetos a revisión permanecen durante años bajo la etiqueta de “en seguimiento”. Este estancamiento no es menor: prolongar los procesos abre la puerta a la prescripción de responsabilidades y limita la recuperación de recursos para el erario, una situación que ya se registró entre 2021 y 2023.
En este contexto, la designación de un nuevo titular de la ASF adquiere un peso estratégico. La Cámara de Diputados nombró a Aureliano Hernández Palacios Cardel como Auditor Superior para el periodo 2026-2034, una etapa que definirá si el órgano fiscalizador recupera músculo institucional o continúa debilitando sus contrapesos internos.
México Evalúa subraya que una fiscalización robusta no es un lujo burocrático: es un componente esencial para mejorar la calidad del gasto público, fortalecer la confianza en las instituciones y generar información útil para perfeccionar las políticas públicas.
También hay un pendiente evidente en materia de participación social. Aunque la legislación contempla mecanismos para que la ciudadanía presente denuncias o aportaciones durante el proceso de fiscalización, su uso ha sido marginal. Abrir verdaderamente esos espacios —con herramientas accesibles y seguimiento real— podría ampliar la capacidad de la ASF para responder a preocupaciones públicas.
Ante este panorama, la organización plantea varias rutas de acción: restablecer mecanismos internos de rendición de cuentas, garantizar procesos de designación transparentes, ampliar la participación ciudadana en la fiscalización, cumplir con los mandatos legales de auditoría y fortalecer la coordinación del Sistema Nacional de Fiscalización.
Ssin controles sólidos dentro de la ASF, la vigilancia sobre el uso del dinero público corre el riesgo de convertirse en una promesa institucional cada vez más débil.
