La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) tras detectar indicios de probables irregularidades financieras,triangulación de fondos públicos y presuntos conflictos de interés en la asignación de contratos con proveedores.
Mediante un comunicado oficial, el órgano fiscalizador federal detalló que las pesquisas no se limitarán a las oficinas centrales del INE, sino que se extenderán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES),así como a empresas particulares, proveedores y funcionariado público implicado en la red de contrataciones bajo sospecha.
Bajo la lupa fiscalizadora
De acuerdo con lo expuesto por la ASF, la indagatoria cuenta ya con elementos sólidos e indicios suficientes sobre inconsistencias administrativas, presunta colusión y manejo indebido de recursos públicos. El organismo puntualizó que ejercerá sus facultades legales para deslindar responsabilidades con absoluta independencia y rigor técnico.
“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, sostuvo la dependencia.
En el ojo del huracán
La acción de la fiscalización federal trasciende en el marco de recientes publicaciones periodísticas del diario Reforma, las cuales documentaron rastreos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre contrataciones en el órgano electoral. Dichos reportes señalan vínculos estrechos entre la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, citado en los expedientes sobre los contratos otorgados por la institución.
Cuestionada sobre estas señalamientos, la consejera presidenta argumentó previamente en espacios radiales que cualquier objeción sobre las licitaciones debe canalizarse y resolverse ante las autoridades competentes,señalando explícitamente a la ASF como la instancia facultada para dictaminar si hubo faltas a la ley.
Hasta el momento, la ASF se ha reservado los nombres específicos de las firmas contratistas, proveedores o servidores públicos bajo investigación, así como el monto global y el detalle particular de las licitaciones auditadas. Ante la apertura del expediente, se solicitó una postura actualizada a Guadalupe Taddei, sin embargo, su equipo de comunicación declinó emitir nuevos comentarios.
