A menos de un mes de haber asumido como presidenta de México, Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente crisis de violencia, que se traduce en ciudades sitiadas por el crimen organizado, ejecuciones o atentados contra políticos, periodistas y activistas de derechos humanos, ataques a medios de comunicación, explosiones de coches-bomba y balaceras. Las víctimas son miles.
Las Fuerzas Armadas también desempeñan un papel protagónico en la espiral de violencia, ya que están involucradas en confusos episodios que les han valido la apertura de investigaciones.
Sheinbaum asumió el poder el pasado 1 de octubre. Solo dos días después, elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal Preventiva de Chiapas mataron a seis migrantes que viajaban en un vehículo en Chiapas. Otros 12 resultaron heridos. Los militares se justificaron con el argumento de que las víctimas no quisieron detenerse para una inspección, por lo que decidieron dispararles.
El operativo puso en evidencia el abuso militar que se intensificó desde que el expresidente Felipe Calderón inició, en 2006, una guerra contra el narcotráfico. Esa estrategia solo multiplicó las violaciones a los derechos humanos.
La agresión a migrantes por parte de militares en Chiapas fue el primer escándalo en el Gobierno de Sheinbaum, pero no el único de este tipo.
El mismo día que ella tomó posesión como presidenta, elementos de la Marina sacaron a seis hombres de sus domicilios en el estado de Colima. Horas después, aparecieron muertos.
Los militares trataron de presentar el suceso como un enfrentamiento con delincuentes, pero ahora la Fiscalía General de la República investiga el caso para esclarecer lo que ocurrió.
El 18 de octubre, Edwin Antonio Rubio López, alias ‘El Max’, fue detenido en Sinaloa durante un sangriento operativo en el que murieron 19 presuntos narcotraficantes. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que había sido un enfrentamiento, pero no había víctimas entre los militares. Las dudas llegaron hasta la conferencia presidencial, en la que Sheinbaum afirmó que ya hay una investigación en curso. Mientras tanto, la violencia sigue desperdigada por el país.
Conmoción
Cuando Sheinbaum comenzó a gobernar, Culiacán, la capital de Sinaloa, ya era una ciudad sitiada por el narcotráfico debido al enfrentamiento entre las dos principales facciones del Cártel del Pacífico, ‘Los Mayos’ y ‘Los Chapitos’,
La ‘guerra’ entre ambas facciones comenzó luego de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada fuera detenido en agosto pasado en Texas, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Una de las líneas de investigación de las autoridades mexicanas, que no participaron en el operativo, es que Guzmán López secuestró a ‘El Mayo’, como parte de una negociación con las agencias estadounidenses.
El caso detonó la violencia que Sinaloa padece a diario, con balaceras y una población atemorizada que sale lo menos posible. De hecho, es uno de los temas más constantes en las conferencias de Sheinbaum, quien ha insistido en que su proyecto de seguridad es a largo plazo y está basado en atención a las causas, la investigación y la inteligencia.
La tensión es permanente, pero se incentiva ante cada nueva muestra de violencia, como el ataque que sufrió el diario El Debate, o la balacera que se registró el domingo en un centro comercial de la ciudad sinaloense de Mazatlán.
Este tipo de hechos también sucede en otros estados. El 4 de octubre, la abogada y defensora indígenas Sandra Estéfana Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández fueron víctimas de una desaparición forzada en Oaxaca. Todavía no se sabe su paradero, por lo que los organismos de derechos humanos se encuentran en permanente estado de alerta.
Víctimas
Dos días más tarde, en Guerrero, el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue encontrado decapitado. El salvajismo con el que actuaron los criminales dio la vuelta al mundo. El 15 de octubre, el cuerpo del exalcalde Clemente Gómez Gómez fue hallado en un río en Chiapas. Llevada solo dos semanas fuera de su cargo.
El 18 de octubre, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, un sicario le disparó a Diana Sánchez Barrios, una activista trans y líder de vendedores ambulantes que sobrevivió, aunque uno de sus acompañantes sí murió. Ese mismo día, a unas 30 cuadras de distancia, la abogada penalista Oralia Pérez Garduño fue acribillada mientras conducía su vehículo.
La disputa entre los cárteles acosa desde hace años a Chiapas, pero el 20 de octubre tuvo un punto culminante con el asesinato del cura Marcelo Pérez Pérez, que provocó la indignación y preocupación a nivel nacional.
El 23 de octubre, sicarios acribillaron a balazos a Manuel Justo Gómez Beltrán, exalcalde de la localidad Marqués de Comillas, en Chiapas. Al otro día, dos coches-bomba estallaron frente a comandancias municipales en Guanajuato; y 14 presuntos sicarios y dos policías municipales fallecieron en un enfrentamiento en Guerrero.
Los casos han marcado el inicio del Gobierno de Sheinbaum quien, apenas esta semana, cumplirá un mes al frente del Palacio Nacional con varios retos en ciernes.
