La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al Gobierno mexicano a redoblar esfuerzos para garantizar la verdad y la justicia en los casos de desaparición, después que el país latinoamericano rebasó la cifra de 100.000 personas desaparecidas o no localizadas, según la estadística oficial.
“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, expresó Bachelet en un comunicado de prensa publicado este martes.
La expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) se refirió al “flagelo” de las desapariciones como “una tragedia humana de enormes proporciones”. Por tanto, llamó a las autoridades a facilitar los recursos necesarios para que las investigaciones y las búsquedas de personas desaparecidas sean efectivas.
En particular, urgió al Estado mexicano a implementar “todas las recomendaciones” del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), que tras una reciente visita al país pidió implementar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.
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Asimismo, Bachelet instó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a implementar “todos los aspectos de la Ley General de Desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense”.
En tanto, la oficina de la alta comisionada alertó sobre la “abrumadora tasa de impunidad” que prevalece en México debido a la “falta de investigaciones efectivas”. Con solo 35 condenas dictadas por casos de desaparición, Bachelet advirtió que las familias de las víctimas de este delito, pese a estar “profundamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos”, terminan asumiendo “la carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió”.
Por otra parte, reconoció algunos avances institucionales en México, como la creación de Comisiones de Búsqueda en todos los estados y de otras para examinar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la instalación de un órgano para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
