Martha Martínez/Agencia Reforma
La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Zulma Espinoza, propuso sancionar con pena de uno a nueve años de prisión a los servidores públicos que tramiten, faciliten o promuevan el acceso indebido a vacunas contra Covid-19.
La legisladora informó que presentó una iniciativa de reforma para que, además de la pena de prisión, los funcionarios que hagan uso irregular de las vacunas destinadas a acciones extraordinarias de inmunización sean acreedores también a una multa de entre cien y mil veces la Unida de Medida y Actualización (UMA).
Espinoza recordó que en las últimas semanas se han presentado casos en los estados de México y Coahuila, donde servidores públicos tuvieron acceso a la inmunización a pesar de que no forman parte de los grupos vulnerables prioritarios establecidos en la estrategia de vacunación.
Estos casos, dijo, representan un abuso y una falta de empatía hacia los grupos prioritarios, como son el personal médico que está en la primera línea de combate a la Covid-19 y los adultos mayores.
La diputada sostuvo que estas acciones deben ser sancionadas, para garantizar que el acceso a las dosis se lleve a cabo tal como lo establecen las autoridades sanitarias.
“Este tipo de acciones no deben permitirse y merecen ser castigadas; la vacuna en México es universal y gratuita. Su acceso tiene que realizarse de manera ordenada y conforme lo disponga la autoridad sanitaria”, reiteró.
Espinoza detalló que la iniciativa adiciona un artículo 462 a la Ley General de Salud, ya que en la actualidad ésta no prevé una sanción para quienes accedan de manera indebida a las vacunas contar el nuevo coronavirus.
Ante ello, consideró necesario actualizar la legislación para aplicar penas más severas a quienes se aprovechan de algún cargo público para recibir la inmunización.
