- En lo que va de 2025 se han registrado 8,606 desapariciones. En 10 meses de gobierno, se acumulan al menos 12,085 personas desaparecidas y 227 fosas clandestinas.
- La renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, aunque necesaria, no apunta hacia una política nacional para atender las desapariciones y el rezago ministerial y forense.
- Ninguna de las reformas anunciadas contempla fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre enero y julio de este año se han acumulado 8,606 desapariciones, 13% más que en el mismo periodo del 2024, para un promedio de 41 desapariciones cada día. Sólo tomando las cifras de enero a junio, en 9 entidades hubo oficialmente más desapariciones que asesinatos, destacando la Ciudad de México, con 1,111 desaparecidos vs. 464 víctimas de asesinato; el Estado de México, con 1,075 vs. 894; y Tamaulipas, con 201 vs. 127.
En diez meses del actual gobierno se han registrado al menos 12,085 personas desaparecidas, además del hallazgo de 227 fosas clandestinas, como se documenta en los informes “Galería del Horror”, elaborados por Causa en Común.
La renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, aunque necesaria por su falta de experiencia, capacidad y legitimidad, subraya el abandono que padecen todas las instituciones que eufemísticamente se conocen como Sistema Nacional de Búsqueda. Como también lo evidenció Causa en Común en un informe reciente, las instancias del Estado mexicano para hacer frente a las desapariciones operan sin dirección, sin recursos y sin respaldo real por parte del grupo en el poder.
Las reformas legislativas sobre el tema recientemente aprobadas son inútiles para modificar esta realidad. No significan aumentos de personal y de presupuestos para fortalecer a las comisiones de búsqueda. No impulsan políticas de memoria, prevención o protección a víctimas. Tampoco se aborda el rezago forense ni el abandono de las fiscalías. La tragedia de los desaparecidos tan sólo fue la excusa del gobierno federal para afianzar su control sobre las estadísticas y su acceso sin salvaguardas a las bases de datos personales de los ciudadanos.
Sin capacidades y recursos para la búsqueda, y con contrapesos eliminados o cooptados por el gobierno, se afianza un régimen más preocupado por el control político que por mejorar el desastroso estado en que se encuentran la inseguridad y la injusticia en el país.
Con el fin de reactivar el Sistema Nacional de Búsqueda y desarrollar una verdadera política para atender las desapariciones, Causa en Común presenta las siguientes propuestas:
- Revertir la militarización y abrir el espacio político y presupuestal para iniciar programas de fortalecimiento de las policías, las fiscalías, los servicios periciales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Promover la recuperación de la autonomía de la CNDH.
- Impulsar un proceso transparente para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y fortalecer su consejo ciudadano para garantizar la participación de las familias y colectivos.
- Convocar al pleno del Sistema Nacional de Búsqueda, que no sesiona desde septiembre de 2024.
- Exigir a la Fiscalía General de República informes periódicos sobre la operación del Banco Nacional de Datos Forenses y agilizar la publicación del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
- Recuperar el Centro Nacional de Identificación Humana, dotándolo de recursos que garanticen su operación, y definir un plan para la creación de centros regionales de identificación.
- Promover en todas las fiscalías la adopción del Protocolo Homologado de Investigación de Desapariciones, y capacitar al personal pericial y forense.
- Aceptar y promover la colaboración internacional para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación forense y combatir la impunidad.
- Elaborar un programa integral de protección a colectivos de búsqueda, garantizando su acceso a atención médica, psicológica, legal y económica a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuyo presupuesto debe también aumentarse.
