A dos años de la fractura interna del Cártel de Sinaloa, el panorama criminal en México experimenta una transformación profunda. La presión del Estado, la consolidación de grupos rivales y el cerco de Estados Unidos han obligado a las estructuras delictivas a modificar sus tácticas y buscar una violencia menos visible.
De acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gabinete de Seguridad, el promedio diario de homicidios dolosos en el país registró una caída del 53% entre septiembre de 2024 y agosto pasado, al pasar de 86.9 a 40.8 víctimas diarias. Este descenso fue destacado por la administración federal como uno de los principales resultados tras dos años de gestión.
En contraste, voces de oposición como la del senador panista Ricardo Anaya han cuestionado la veracidad de dichas cifras, señalando presuntas irregularidades en el registro estadístico de los hechos violentos.
Por su parte, especialistas en seguridad como Andrés Sumano, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, apuntan que la disminución responde a un fenómeno multifactorial donde convergen la estrategia gubernamental, cambios metodológicos y, de manera primordial, la propia reorganización del crimen organizado. Según el análisis, la consolidación de hegemonías criminales reduce temporalmente los enfrentamientos derivados de la competencia territorial.
A este reacomodo se suma el incremento en la exigencia bilateral por parte de Washington, enfocada particularmente en el combate al tráfico de fentanilo y redes financieras ilícitas. Autoridades diplomáticas han enfatizado que la cooperación binacional busca cerrar los márgenes de impunidad transfronteriza para las organizaciones delictivas.
Como resultado de las operaciones federales implementadas desde finales de 2024, las autoridades han reportado más de 67 mil detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de decenas de miles de armas y centenas de toneladas de narcóticos, además de la neutralización de miles de laboratorios clandestinos.
No obstante, la incidencia delictiva continúa afectando de forma focalizada a diversas regiones del país. Entre enero y agosto de este año, siete entidades concentraron casi la mitad de los homicidios dolosos a nivel nacional, encabezadas por Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa.
Para los especialistas, la contención temporal de la violencia visible no garantiza una solución de fondo. El reto estructural radica en desarticular los esquemas de corrupción y tolerancia institucional que permiten la operación de las redes delictivas en el territorio mexicano.
