Alrededor de 23,000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación suministrados por la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU. a las autoridades mexicanas demostrarían la existencia de una colusión entre el cártel Guerreros Unidos con militares y políticos del país latinoamericano, informa The New York Times.
Estas nuevas evidencias en la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 por parte de agentes de la Policía apuntan a que estos últimos obedecían órdenes directas de los narcotraficantes. Según la información obtenida por el medio, policías y varios funcionarios gubernamentales ayudaron al cártel a secuestrar y asesinar a los estudiantes o tuvieron conocimiento de cómo ocurría el crimen y no hicieron nada para detenerlo, e incluso intentaron ocultar su participación en el asesinato.
El cártel confunde el convoy con un ataque enemigo
Aunque ninguno de los mensajes obtenidos por el periódico estadounidense se refiere directamente a la noche del 26 de septiembre de 2014, los meses de comunicación previos al suceso demuestran que el grupo criminal estaba cada vez más preocupado debido a las luchas internas y al avance en su territorio de bandas rivales.
Hacía poco habían ahogado a uno de los mayores jefes de esa organización criminal y otro más había sido arrestado, por lo que los nuevos jefes habían perdido la confianza en sus filas, según mostraron las intervenciones telefónicas. Los fiscales ahora aseguran que, en ese contexto de alerta, integrantes del grupo confundieron los autobuses que transportaban a los estudiantes con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar.
En un testimonio inédito, también se reveló que en dicha red estaba involucrado un médico forense, cuya familia operaba un crematorio. Un integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para “desparecer gente sin dejar rastro”, por lo que se cree que en ese lugar fueron incinerados los cuerpos de los normalistas.
Pago de cuotas regulares
Los mensajes también evidencian que Guerreros Unidos solía amenazar y comprar funcionarios del Gobierno estatal para asegurar su colaboración, y también pagaba cuotas regulares de alrededor de 50 dólares a algunos policías para recibir información o librarse de problemas con las autoridades que no cooperaban. Además, este pago funcionaba como un anticipo para que el cártel pudiera recurrir a las autoridades cuando quisiera.
“Volteas a ver y dices: ‘Sé que estoy cometiendo un delito, pero…'”, dijo un oficial, según una transcripción del interrogatorio realizado por las fuerzas del orden, en la que asegura que era imposible resistirse al pago. “Dices: ‘No lo voy a agarrar para no meterme en broncas’, pero dices: ‘No espérate'”, agregó.
El Gobierno mexicano siguió interceptando las conversaciones telefónicas del cártel incluso años después del secuestro de los normalistas, y descubrieron que sus nexos con las autoridades seguían siendo fuertes. En una de las grabaciones, la esposa de un jefe del grupo amenazó a un contrabandista diciendo: “Si sabe cómo les fue a los 43, no quiere ser el 44”, refiriéndose a los estudiantes desaparecidos.
Nueve años después de la desaparición de los estudiantes, el crimen sigue siendo un misterio debido a que la investigación ha sido obstaculizada por las mismas autoridades.
