El año pasado, la cifra oficial de personas desaparecidas en México superó las 100 mil por primera vez desde que se comenzaron a llevar registros en 1962. Este año el número es todavía mayor, luego de que las autoridades anunciaron que 111 mil 916 personas fueron víctimas de desaparición forzada y no fueron vistas de nuevo.
La cifra real, sin embargo, podría ser aún mayor debido a los problemas sistemáticos en el registro de personas desaparecidas del país, según el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que reportó la cantidad el martes. Para activistas y familiares de las víctimas, esto es una muestra de que el actual gobierno de México está dando otro paso atrás desde que se creó el registro en 2018.
Aunque reconoció que el gobierno mexicano cooperó con algunas de sus solicitudes desde su última evaluación completa en 2018, Naciones Unidas dijo que el registro nacional aún carece de “una metodología clara y transparente” y de datos desglosados sobre orientación sexual, identidad de género, y estatus socioeconómico y migratorio de las víctimas, entre otros aspectos demográficos.
En otras partes del reporte, Naciones Unidas señaló que las autoridades mexicanas eran culpables de “actos de revictimización” contra los familiares de las personas desaparecidas, incluso acusando a las familias de ocultar a sus seres queridos secuestrados.
María Luisa Aguilar ha trabajado como activista de las personas desaparecidas en México durante 15 años, y dijo que los familiares de las víctimas “enfrentan muchos riesgos” al momento de reportar oficialmente una desaparición.
“En muchos lugares de México, lo que se tiene son autoridades coludidas con aquellos que han sido los perpetradores de las desapariciones”, señaló Aguilar, quien actualmente es coordinadora del centro por los derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En otros casos, las familias “ni siquiera tienen autoridades que reciban los reportes”.
El registro del gobierno tampoco incluye un “mecanismo para que participen los familiares de los desaparecidos”, señaló el organismo, además de destacar, sin entrar en detalles, “la oposición de ciertas autoridades” para emitir reportes al registro centralizado.
Cuando se promulgó el registro de personas desaparecidas en 2018, activistas y familiares de las víctimas lo recibieron con los brazos abiertos. Sin embargo, ahora ha sido objeto de ataques recientes por parte del mismo gobierno que lo creó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en julio pasado un recuento de personas desaparecidas, asegurando que la cifra del registro oficial era imposiblemente elevada. Al mes siguiente recibió la renuncia de Karla Quintana, la entonces directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de mantener el registro al día.
Para activistas como Aguilar, lo que alguna vez fue una señal de esperanza ahora está siendo destruido desde su interior.
“Fue una gran iniciativa: por primera vez teníamos un registro que en verdad trató de incluir la mayoría de las denuncias”, dijo Aguilar. “Cuatro años más tarde, el mismo gobierno, la misma administración, está preocupada de que las cifras sean demasiado altas”.
“La principal preocupación no es si estos registros están por encima o por debajo de la cifra real”, comentó Aguilar. “La cosa es que la revisión (de López Obrador) se está haciendo más desde una perspectiva política que en verdad analizando el verdadero problema: tener una crisis de esta magnitud”.
La Secretaría de Gobernación no respondió de momento a un email de The Associated Press enviado en busca de comentarios.
