La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos humanos de Mario Aburto tras su detención, por lo que ordenó una nueva investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
En marzo de 1994 el candidato priista a la Presidencia de México fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurina, Baja California. Mario Aburto fue detenido y encarcelado como autor material del crimen.
En una revisión del caso, la CNDH acreditó que Aburto Martínez fue víctima de tortura por parte de los agentes del Ministerio Público Federal que lo detuvieron y trasladaron al penal del Altiplano en el Estado de México, así como por personal médico y custodios de dicho centro de reclusión.
Además se declaró como violación a la integridad personal y trato digno la reclusión del detenido en un penal lejano al lugar donde habita su familia, derivado de su traslado al Cefereso 12 ‘CPS-Guanajuato’.
Ante los hallazgos, la Comisión estableció que la Fiscalía General de la República (FGR) “deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima”.
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Estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine (y) aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”, señaló.
El objetivo es subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan al Estado responder por sus actos a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, así como mediante acciones y políticas de no repetición para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder.
La CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS contra los servidores públicos involucrados.
La recomendación será remitida a la Cámara de Diputados para que sea agregada a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos y se determine lo que a derecho corresponda.
