Luego de que se aprobara en el Senado la iniciativa del gobierno federal que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negó promover una acción de inconstitucionalidad.
La CNDH recordó que el pasado 8 de septiembre fue aprobada la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene como propósito fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional “como un cuerpo policial permanente y profesional” y “garantizar el cumplimiento efectivo de dicha institución para salvaguardar la integridad y las libertades de las personas”.
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“La Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado. Vamos a hacer algo más que eso: sumarnos a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo”, indicó.
“Entiende y atiende la situación de emergencia y excepcionalidad que justifica las reformas, y por lo mismo, coadyuvará a garantizar la preservación del carácter civil de la Guardia Nacional y supervisará su apego a los derechos humanos, porque sin reservas ni titubeos está del lado del pueblo”, dijo la CNDH en un comunicado.
En su posicionamiento, el organismo señaló que el dictamen aprobado se debe a que existe un problema de seguridad nacional y seguridad pública, por lo que es necesario que la Sedena tome el control operativo de la Guardia Nacional para que “se realice de manera directa y con una sola directriz”.
Además, la comisión apuntó que en medio del debate, pocos se percataron de que la Sedena ya tenía control sobre la Guardia Nacional, como lo dicta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
“Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional al Servicio de la Federación y los contingentes armados que no constituyan la guardia nacional de los estados”, recoge la CNDH.
La comisión reiteró que debido a la actual ola de violencia, el respaldo militar puede ser admisible desde el punto de vista de los derechos humanos, mientras su intervención se encuentre acordada dentro de cierto tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad.
“La Guardia Nacional debe considerarse una herramienta del Estado democrático, que el pueblo de México se ha dado y que se ha construido a través de proceso históricos fundamentales como la Independencia, la Reforma y la Revolución, los cuales buscaban instaurar un orden social más justo y libre”, añade.
Por último, la CNDH aseguró que en México no existe una militarización arbitraria y mucho menos continuidad de políticas militares como los son “las prevalecientes de los sexenios anteriores”.
