La capital del estado de Colima fue calificada a inicios de año como la ciudad más violenta del mundo en 2022 debido a su alta tasa de homicidios. Tal ambiente de inseguridad orilló recientemente a las autoridades a tomar medidas drásticas para resguardar a sus trabajadores.
Por medio de una circular, el Tribunal Colegiado del 32 Circuito, presidido por el magistrado Luis Núñez Sandoval, advirtió que “ante la enorme ola de violencia” se tomó la decisión de que, a partir del 12 de julio y hasta nuevo aviso, las y los trabajadores de la institución trabajarán desde sus hogares.
“Se trabajará a distancia, en el horario laboral que es de 9 a 18 horas, respetando los horarios de comida, debiendo acudir a las instalaciones del tribunal el menor número de personas”.
Aunque los episodios de violencia no son una novedad en la ciudad, la determinación de reducir el personal en las oficinas del Tribunal fue motivada por cuatro acontecimientos concretos.
El domingo 9 de julio, dos hombres fueron ejecutados en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado a un costado del Tribunal. Momentos antes, ambos habían salido de una audiencia en la que un juez de control habría ordenado su liberación.
Según información extraoficial, los individuos eran supuestos miembros del Cártel del Noreste. Habían sido capturados el 7 de julio por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública debido a que tenían una actitud “evasiva”.
Tras una revisión, los uniformados les incautaron más de 50 dosis de droga sintética, así como cargadores y chalecos tácticos. Y aunque en un primer momento fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, se desconoce el motivo por el que se habría permitido su liberación.
Sumado a ello, reportes sin confirmación oficial detallaron que su asesinato pudo haber sido perpetrado por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales que mantienen el estado bajo asedio.
El mismo día en que ocurrió dicho ataque, hombres armados dispararon en contra de la patrulla que resguardaba el inmueble en el que fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiz en junio de 2020.
Otro suceso que obligó al Tribunal a optar por este mecanismo fue el homicidio de un abogado y su hijo, en la colonia Las Amarillas de la ciudad. Cabe destacar que dicho jurista había asesorado legalmente a uno de los hombres asesinados el 9 de julio. Según información compartida por el periodista Oscar Adrián Luna, el abogado se llamaba Javier Martell Manríquez y su hijo de 21 años era Jorge Javier Martell Gómez.
En medios locales se dio a conocer que ambos fueron asesinados dentro de su casa, ubicada en el cruce de las calles Juan Silva Palacios y Susana Ortiz Silva. Los agresores, al parecer, entraron al domicilio, cometieron el crimen y huyeron.
Finalmente, el documento difundido entre personal del Tribunal detalló que el mismo 11 de julio, alrededor de la una de la tarde, los elementos de vigilancia del centro de justicia detectaron a una persona sospechosa en las inmediaciones del edificio. Al percatarse de que los encargados de seguridad lo tenían en la mira, el individuo escapó.
Hasta la presente publicación no hay una fecha estimada para que el Tribunal retome sus actividades de manera regular e incluso se ordenó que, quienes acudan al edificio, deberán salir de manera escalonada al culminar su turno, para evitar aglomeraciones que pudieran poner en riesgo su seguridad.
