Organizaciones civiles y ciudadanos interpondrán amparos para detener los efectos del segundo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que establece como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, además de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
En entrevista con Latinus, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanís, adelantó que presentará amparos al considerar que el decreto presidencial es inconstitucional y viola tratados internacionales de los que México es parte, como el Acuerdo de Escazú.
“Ante el nuevo decreto que publicó el presidente de la República habría que analizar si estamos en presencia de un desacato o no. En segundo lugar, se puede interponer un amparo por inconstitucionalidad por ir en contra de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación horas antes del segundo decreto”, dijo.
Destacó que los decretos no pueden contradecir lo establecido por la Constitución ni de las leyes que protegen el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información y la participación de la sociedad en la toma de las decisiones ambientales.
Por su parte, Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijo que los ciudadanos pueden ampararse y basarse en el derecho a la información.
Afirma que esa medida legal procede porque el primer decreto presidencial fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, por lo tanto un segundo documento en términos similares no debe tener efectos ya que su precedente fue invalidado.
Destacó que el Consejo Consultivo del INAI analiza cómo va a actuar al respecto, pues el efecto inmediato del segundo decreto es la reserva de información sobre las megaobras del gobierno.
