Hace 33 años, el 6 de junio de 1990, fue creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Es una institución reciente, comparada con las existentes en otros países que tienen cientos de años. Su función es para denunciar los abusos del poder en contra de los ciudadanos que llegan a sufrir consecuencias negativas en su búsqueda de justicia por parte de las autoridades de gobierno.
El alcance nacional de la CNDH la faculta para recibir denuncias ciudadanas de todo el país y hacer recomendaciones a las autoridades de los tres niveles de gobierno, una vez que su personal investigó y verificó la procedencia de las acusaciones. En sus tres décadas de existencia ha sido el conducto por el que miles de ciudadanos alcanzaron la justicia y fueron compensados.
Al frente de la CNDH han estado notables especialistas en la materia que, con argumentos sólidos, lograron que las autoridades enmendaran los abusos de poder en los que habían incurrido. Lo que la prestigió como institución comprometida con la reivindicación de los derechos humanos. Opera como un contrapeso político y fue dotada con un Consejo Consultivo Ciudadano cuya función principal es “establecer los lineamientos que guíen las labores de la CNDH, hacer recomendaciones y aprobar el reglamento interno.”
El Consejo Consultivo de la CNDH es nombrado por el Senado de la República, sus integrantes son honorarios, no reciben remuneración y someten a la consideración de la presidencia de la Comisión algunas recomendaciones.
Los seis integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH presentaron su renuncia al Senado, el pasado 23 de octubre, argumentando que no existen condiciones para realizar su trabajo y señalaron que la presidenta, Rosario Piedra Ibarra, los obstaculiza.
Comentan los consejeros que tienen diferencias de criterio con la presidenta Rosario Piedra. Destacaron “las interpretaciones de los procedimientos internos, conflicto de intereses en la contratación de personal, la no emisión de recomendaciones generales y la publicación de posicionamientos contrarios a lo aconsejado.”
En su carta de renuncia los consejeros denunciaron que la presidenta Rosario Piedra Ibarra amenazó y calumnió a algunos de sus integrantes, por medio de sus redes sociales; se niega a acatar las resoluciones del Consejo, a pesar de haber sido tomadas por unanimidad, argumentando que la ley no la obliga a aceptar ninguna de sus recomendaciones.
Comentaron los consejeros en su renuncia que siendo la CNDH “un órgano que debiera ser autónomo pareciera estar atendiendo intereses diversos a los de la defensa y protección de los derechos humanos”.
El comentario remite al debate en el Senado, que suscitó el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra a quien los legisladores de oposición señalaron de ser incondicional de López Obrador, ser militante y consejera de Morena, carecer de experiencia en derechos humanos y asumir la responsabilidad con el único mérito de ser hija de una activista relevante, como fue su madre.
Es la segunda ocasión en que el Consejo Consultivo le renuncia a Rosario Piedra, la primera fue en noviembre de 2019, cuando dimitió la mitad de sus integrantes por considerar que su nombramiento restaba legitimidad a la institución y la autonomía del organismo quedaba comprometida, por su cercanía con el gobierno de López Obrador.
El Senado nombró en diciembre de 2021 a diez integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, implica que el organismo operó, por dos años, sin esa presencia.
La renuncia grupal de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, pone en evidencia la controversia interna relacionada con la defensa de los derechos humanos, sujeta a la interpretación de la presidenta Rosario Piedra Ibarra, que no gusta de incomodar al gobierno con recomendaciones que lo obligarían a cambiar de criterio, como el caso de la prisión preventiva oficiosa, que mantiene en la cárcel, sin juicio y sin sentencia, a miles de hombres y mujeres.
La presidenta de la CNDH ha sido criticada por ser complaciente con el presidente López Obrador. Se pronunció a favor de llevar a cabo una reforma electoral, sin ser su materia, cuando el presidente la promovía. No se manifestó durante los debates sobre la militarización de la Guardia Nacional. Guardó silencio ante los abusos de las autoridades federales, estatales y locales en contra de los migrantes y las condiciones infrahumanas en los que están hacinados en los refugios y demás.
Al final del sexenio el saldo en materia de Defensa de los Derechos Humanos es negativo. Miles han muerto por falta de medicinas. Durante la pandemia miles fallecieron en sus casas por no ser recibidos en los hospitales. Ante la creciente cifra de desaparecidos en el país, la CNDH no se ha pronunciado, lo mismo en los feminicidios. Les fueron arrebatadas sus tierras a los ejidatarios y comuneros del sur del país para construir el Tren Maya y no han sido indemnizados. Con su silencio la CNDH aprueba la militarización de México, el avance de la delincuencia organizada y la política de abrazos no balazos.
No es erróneo decir que Rosario Piedra Ibarra le ha cumplido a López Obrador con la neutralización de la política de Derechos Humanos. La institución fue creada para evitar los abusos del poder, pero tolera las mentiras de las mañaneras, los excesos del presidencialismo y la violación de las leyes y la Constitución que debería de respetar.
En este sexenio la CNDH estuvo para servir al presidente. Para eso puso a Rosario Piedra Ibarra y cumplió. Por eso renunció en consejo ciudadano. Esa docilidad es la que López Obrador quisiera en el Poder Judicial Federal. Que solo se escuche su voz.
