Un nuevo golpe al discurso y a la credibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador será el escándalo de la denuncia que presentó, desde prisión, ante la Fiscalía General de la República, el abogado Juan Collado contra del ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, tres abogados y un operador financiero presuntamente vinculados al ex funcionario, por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.
De acuerdo a la información que hoy difunde el diario Reforma, Scherer ofreció a Collado excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente un grupo de abogados -quienes fueron socios del ex funcionario en un despacho- le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos litigantes.
En la denuncia presentada por Juan Collado señala: “Realizaron hechos que tenían como fin utilizar al Estado Mexicano y sus respectivas instituciones, a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad (…) crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos”.
El documento es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme.
En este asunto, Scherer es el único contra quien la FGR no judicializó el caso y del que en alguna ocasión el propio mandatario dijo: “es como mi hermano”.
Según su relato, Scherer ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de 2 mil millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel. Para colmo, el exfuncionario lopezobradorista era el encargado de revisar y validar la legalidad de las acciones jurídicas del gobierno federal.
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Collado vincula esa gestión de Scherer con ofrecimientos de los abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo & Carrancá, para despojarle de sus propiedades.
Según la denuncia, Collado pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación en su contra.
Además, los abogados le pidieron 3 millones de dólares, de los cuales pagó la mitad, para defenderlo desde su captura en julio de 2019.
“Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”.
Collado coloca como tema central de su acusación la presión para que la Caja Popular Libertad, que le pertenecía, pasara a manos de Afirme. “Libertad por libertad”, le advirtió Araujo.
Collado presentó el 19 de octubre del 2021 la denuncia contra Scherer Ibarra y sus presuntos allegados por los delitos de extorsión, lavado de dinero, asociación delictuosa y tráfico de influencias.
Con esa denuncia, Collado ha solicitado un “criterio de oportunidad” a la FGR que encabeza Alejandro Gertz, y está en pláticas para definir el monto de una reparación del daño.
En su relato ante la Fiscalía, Collado asegura que Araujo le había ofrecido en 2018 una alianza de trabajo “ya que Scherer tendría control de todo el aparato judicial, el cual podría ser utilizado en favor de mis clientes”.
De comprobarse los señalamientos del abogado Collado trataría de un delito de Estado cometido por un alto mando del Poder Ejecutivo que formaba parte del primerísimo círculo del Presidente.
Fiel a su costumbre, López Obrador ha acusado a sus antecesores de haber solapado la corrupción entre sus colaboradores cercanos argumentando que es imposible que no se dieran cuenta porque un Presidente “se entera de todo”, luego entonces, el titular del poder Ejecutivo deberá responder de las andanzas de su “hermano y excolaborador”.
La boda maldita
En mayo de 2019, Collado realizó la boda de su hija y entre sus invitados se encontraban el ex Presidente Enrique Peña, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, Ministros, y otros políticos y gobernantes del PRI.
Dos semanas después de la boda llegaron avisos de que la UIF lo estaba investigando.
En junio, Araujo y sus abogados resolvieron el problema con la UIF. Le pidieron 20 millones de pesos, pero sólo les entregó 10 millones.
A fines de junio de 2019 Collado se fue a España, y un mes después Araujo le pidió que retornara de “urgencia” a México. El 9 de julio de ese año fue detenido cuando salía de una comida con Romero Deschamps.
A partir de entonces, según su dicho, vinieron las gestiones con Araujo y sus abogados y después directamente con Scherer, según la denuncia presentada en octubre pasado.
