La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la que respalda la postura de México respecto a las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas de fuego, al establecer que los gobiernos deben actuar con “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armamento, incluso cuando participen empresas privadas.
En el documento, el organismo señala que los países tienen la responsabilidad de aplicar medidas eficaces que impidan que las armas terminen en el mercado ilegal. Entre ellas menciona la implementación de sistemas de marcaje, registro y rastreo que permitan identificar el origen y recorrido del armamento.
La resolución también indica que las víctimas de la violencia armada deben contar con mecanismos judiciales efectivos para reclamar reparación por los daños sufridos.
Asimismo, la Corte subraya que los Estados están obligados a mantener control sobre los arsenales oficiales y las armas decomisadas, además de reforzar la cooperación internacional para combatir el tráfico ilegal.
“El Estado debe ejercer debida diligencia en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego”, señala el pronunciamiento.
Aunque la opinión consultiva no tiene carácter vinculante, representa un respaldo a la estrategia jurídica impulsada por el gobierno de México desde 2022, cuando solicitó al tribunal regional interpretar la responsabilidad de empresas dedicadas a la fabricación y venta de armas, así como las obligaciones estatales de garantizar justicia a las víctimas.
Para sustentar su análisis, la Corte tomó como referencia instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El pronunciamiento también refuerza los argumentos que México ha presentado en litigios contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, al advertir que decisiones comerciales negligentes pueden incidir directamente en la violencia armada y en la vulneración de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
De acuerdo con el gobierno federal, este criterio internacional fortalece la estrategia jurídica y de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
