El crimen organizado ejerce condiciones de control absoluto o gobernanza efectiva en cerca del 30% del territorio nacional, según revela el análisis independiente titulado ¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad, difundido por el diario Reforma, con corte al 25 de septiembre de 2026.
El informe detalla que esta dominación no se limita a enfrentamientos armados o índices de homicidios, sino que se manifiesta a través de mecanismos de control económico y social como el cobro de cuotas extorsivas, instalación de retenes, monopolio de mercados y la cooptación de autoridades locales.
Un mapa fracturado en tres realidades
La radiografía nacional sobre la presencia delictiva divide al país en tres escenarios diferenciados:
- Dominio criminal en amplias regiones (30% del territorio): Nueve entidades presentan estructuras de gobernanza efectiva por parte de la delincuencia organizada, concentrando al 23% de la población del país. Este bloque incluye a Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo.
- Control compartido o disputado (47% del territorio): Catorce estados se ubican en zonas donde las organizaciones criminales y las instituciones estatales mantienen una disputa constante o un control compartido. Esta categoría agrupa al 59% de la población nacional e integra a Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- Predominio estatal (23% del territorio): Únicamente nueve entidades registran un dominio claro por parte de las instituciones del Estado, representando al 17% de los habitantes del país. El bloque está compuesto por Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tlaxcala y Yucatán.
El estudio advierte que la extensión territorial cubierta por estas tres categorías abarca la totalidad del país —con variaciones mínimas correspondientes al redondeo estadístico—, evidenciando que la influencia delictiva condiciona la vida económica y el libre tránsito en más de tres cuartas partes del territorio mexicano.
