Organizaciones humanitarias y empresarios protestaron por la nueva política de Washington de repatriar al sureste de México a grandes cantidades de migrantes irregulares de Centroamérica, que convirtieron a ciudades como Tapachula en el “nuevo muro” de Estados Unidos.

Este “operativo conjunto de devolución” de personas “contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios”, señalaron las entidades civiles y agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Están haciendo de Tapachula”, estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, y otras ciudades del sureste mexicano “una ola de presión que está a punto de reventar”, alertó el líder empresarial Pascual Necochea.

“Tapachula se convirtió en el muro migratorio de Norteamérica. Los muros ya no son de concreto ni de acero, el muro es una ciudad que se llama Tapachula”, señaló Necochea, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la zona.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano constató que un nuevo vuelo diario procedente de McAllen, Texas, con personas sin documentos de Centroamérica, está llegando a Tapachula y otros a Villahermosa, estado sureño de Tabasco.

Los migrantes expulsados son luego transportados en pullmans del Instituto Nacional de Migración (INM) hacia ciudades de la frontera con Guatemala, custodiados por patrullas de Guardia Nacional.

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifestó su preocupación por este traslado en masa, y estimó que “constituye una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con el Covid-19, conocida como “Título 42”.

Además, alertó sobre el peligro de que se consolide un modelo de “devolución en cadena” de migrantes de otros países sin acuerdos oficiales de por medio y sin las “debidas garantías legales”.

Este esquema iría en contra del “derecho internacional y los principios humanitarios y de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, según la ACNUR.

Dirigentes empresariales en Chiapas estimaron que entre 70 y 120 mil extranjeros están varados, lo que representa hasta 30% de los habitantes de Tapachula, provocando que los servicios públicos se saturen, el comercio informal se multiplique y se generen problemas como la mendicidad.

“Por todos lados se ven personas pidiendo limosna y hay reportes de hechos violentos entre migrantes y residentes”, dijeron los hombres de negocios, preocupados por la posibilidad de que se “agrave la crisis sanitaria por la pandemia de Covid, debido a que no se cumplen con las medidas sanitarias”.

“No hay palabras para expresar la indignación que sentimos” por el envío en masa de los migrantes desde Estados Unidos y el norte de México”, señaló Necochea, quien pidió que los foráneos sean trasladados a otras ciudades del país “para descongestionar la frontera sur mientras se resuelven sus pedidos de asilo”.

En junio pasado, la ONG Amnistía Internacional (AI) denunció que los gobiernos de México y Estados Unidos están colaborando en la devolución a sus países de origen de miles de niños, exponiéndolos a “situaciones de peligro”.

Estos últimos “buscan seguridad a los países de los que acaban de huir” y ahora son regresados “sin un proceso de selección adecuado y sin brindarles protección frente a los peligros a los que se pueden enfrentar a su regreso”, señaló la organización.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se reunieron en junio pasado en Ciudad de México y se comprometieron a aumentar la coordinación para el control de la inmigración.

“En realidad, eso se traduce en ampliar la interceptación y devolución de miles de niños y niñas no acompañados a un peligro potencial en sus países de origen”, de acuerdo con el reporte de AI.

“La administración Biden está devolviendo de forma sumaria a prácticamente todos los niños y niñas mexicanos no acompañados tan sólo unas horas después de que busquen protección, en muchos casos sin considerar los peligros a los que podrían enfrentarse a su regreso”, insistió Erika Guevara, directora para las Américas. 

Publicidad