Para el presidente, los científicos son como narcotraficantes de alto peligro que deben ser encarcelados en penales de máxima seguridad, mientras que los sicarios continúan libres y provocando terror en cada estado del país

La polémica decisión tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre buscar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha causado revuelo a nivel internacional.

Medios de comunicación y especialistas han emitido su opinión y se alarmaron por esta persecución contra la comunidad. Uno de los diarios que se sumó a las críticas fue el Wall Street Journal (WSJ), el cual publicó un duro cuestionamiento contra AMLO.

Este artículo, escrito por David Luhnow, editor para América Latina, menciona que el mandatario nacional hizo estas acusaciones de crimen organizado y lavado de dinero debido a una eterna disputa que tiene contra los intelectuales mexicanos.

Recordó que el respaldo legal buscado nuevamente esta semana es viejo y poco apoyado, pues las autoridades han rechazado en dos ocasiones sus peticiones, pero, al parecer, no se va a rendir, pues presentó una nueva queja para lograr los arrestos por el supuesto uso ilegal de mas de 24 millones de pesos (12 millones de dólares)

A pesar de las acusaciones directamente de Palacio Nacional, los miembros del comité asesor científico dijeron que no hicieron nada malo y que el gasto había sido auditado y aprobado, sin embargo, no fue suficiente para López Obrador, quien buscada enviarlos a la cárcel como si fueran peligrosos narcotraficantes.

“El gobierno busca retener a los científicos, que incluyen astrofísicos y microbiólogos, en una prisión de máxima seguridad donde se encuentran algunos de los narcotraficantes más notorios del país, como estuvo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Si son declarados culpables, algunos de los académicos enfrentarían más de 80 años de cárcel”, se lee.

Mediante el recuento hecho por el medio estadounidense, señaló que el CONACyT había desarrollado a cabo sus labores sin problemas desde su creación en 2002, pero esa buena relación con el gobierno se rompió en 2018, cuando AMLO llegó al poder.

Desde ese momento, se enfrentó a un reacio mandatario que siempre buscaba generar un pleito con la directora designada, la bióloga María Elena Álvarez-Buylla. Principalmente cuestionaba sobre si su financiamiento público “debería ser apolítico o llevarse a cabo con el ámbito político y social”.

Para Ana Laura Magaloni, profesora de derecho en la Universidad CIDE de México entrevistada para este artículo, las acusaciones son tan irracionales que “asustan a todos en México, porque podrían encarcelar a cualquiera”.

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Mientras que José Franco, investigador jefe del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el gasto anual del CONACyT era auditado y aprobado todos los años, incluso bajo el gobierno actual.

“Siempre he estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas (…) Los informes financieros del comité son públicos y están disponibles en su sitio web. No obstante, el Conacyt ha optado por presentar cargos penales infundados, lo que dice mucho de su intención “, detalló.

Uno de los aspectos que más llamó la atención al medio estadounidense fue la precariedad a la que llegó el Consejo Nacional, el cual “Tiene becas muy limitadas” para que los jóvenes estudien en el extranjero, pues para el gobierno actual es mejor quedarse en el país y hacer artículos escritos en español o idiomas indígenas en lugar de inglés.

Algunos expertos legales dijeron que la administración actual parecía estar usando el sistema legal para perseguir a sus enemigos políticos

Esta lucha encarnizada contra la ciencia ha borrado del mapa la guerra contra el narcotráfico, problema que aqueja cada vez más a la sociedad, pues diario se registra un enfrentamiento, una masacre o algún delito relacionado con este crimen.

No obstante, el objetivo cambió y ahora los investigadores son más buscados que los sicarios, aunque son comparables en los crímenes que cometen, mismo que son considerados graves y sin opción a fianza.

Varias fueron las figuras que le llevaron la contraria a AMLO. Tales fueron los casos de Enrique Graue, rector de la UNAM, el cual calificó los cargos de absurdos. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fiel al presidente, los calificó de excesivos. Finalmente, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó “mi total solidaridad con la comunidad científica”.

Para el WSJ, las acciones tomadas por López Obrador contra la comunidad científica no tienen razón de ser, aunque el presidente remarque que los miembros tenían demasiada influencia sobre los gobiernos anteriores para obtener dinero usado en lujos y viajes al extranjero.

“Fue una especie de chantaje y había que darles estos fondos (…) Y cuando eso desapareció, esa extravagancia, esos lujos, ese desperdicio, se quejaron de que no estamos invirtiendo en ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica”, fueron los dichos del presidente, los cuales seguirán siendo criticados pase lo que pase al final del camino.

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