Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) descubrieron evidencia “sustancial” de que Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, había entregado alrededor de 2 millones de dólares hacia la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en 2006, cuando fue candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’, conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
Eso encontró el medio Propublica -una agencia de noticias estadounidense independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Manhattan, Nueva York-, que publicó, el 20 de enero de 2024, un reportaje titulado ‘¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?’, firmado por el periodista Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, galardones otorgados por la Universidad de Columbia.
Según más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como documentos gubernamentales revisados por ProPublica, el dinero fue proporcionado a asesores de campaña de López Obrador en 2006, a cambio de la promesa de que una Administración del político tabasqueño “facilitaría” las operaciones criminales de los narcotraficantes.
La investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera conoció de las donaciones reportadas por los narcotraficantes. Pero los funcionarios consultados por Propublica dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un ex trabajador de la campaña presidencial y un informante “clave” de los presuntos criminales, “sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto”.
En su investigación, los agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente interna “extraordinaria”, después de que arrestaron a un ex trabajador de la campaña presidencial, por cargos de drogas, en 2010. Para evitar la prisión federal, dicha persona dio una descripción detallada de las donaciones en efectivo de los narcotraficantes, a las que, según dijo, ayudó a entregar. También grabó subrepticiamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el colaborador cercano de López Obrador que, según el agente, había participado en el plan.
Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales del político tabasqueño (la del 2006 y la del 2012).
Junto con las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinedo Bastar estaba al tanto e involucrado en las donaciones de una de los cárteles del narcotráfico más grandes del país, según dijeron funcionarios actuales y anteriores familiarizados con el caso.
“Pero algunos funcionarios sintieron que la evidencia no era lo suficientemente sólida como para justificar los riesgos de una operación encubierta extensa dentro de México. A finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una operación encubierta en la que ofrecerían 5 millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a agentes que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador. En cambio, los funcionarios del Departamento de Justicia [de EE.UU.] cerraron la investigación, en parte por temor a que incluso un procesamiento exitoso fuera visto por los mexicanos como una atroz intromisión estadounidense en su política”, indicó el reportaje.
“Nadie intentaba influir en las elecciones […] Pero siempre hubo el temor de que López Obrador pudiera dar marcha atrás en la lucha contra las drogas; que si este tipo llega a presidente, podría cerrarnos”, dijo a Propublica, un funcionario familiarizado con la investigación.
En el caso de López Obrador, la DEA tardó en actuar ante la información sobre la posible colusión de su campaña de 2006 con narcotraficantes, dijeron varios funcionarios. Cuando la agencia estadounidense finalmente comenzó a investigar en 2010, fue en gran parte por iniciativa de un pequeño grupo de agentes con base en México, que trabajaban con fiscales federales en Nueva York.
Según Propublica, una fuente inicial de las autoridades estadounidenses fue Roberto López Nájera, un litigante de 28 años de edad, que se presentó en la Embajada de los Estados Unidos en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA, para contarle que fue abogado de Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, miembro del Cártel de Los Beltrán Leyva.
López Nájera les dijo a los agentes de la DEA, que el Cártel de los Beltrán Leyva había colocado “un topo” dentro de la Embajada de EE.UU., quien resultó ser un empleado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos [U.S. Marshals Service], que tenía amplio acceso a información de inteligencia sobre los criminales mexicanos buscados por Estados Unidos.
“Atraído al área de Washington, D.C. con el pretexto de un viaje de entrenamiento, fue arrestado y acusado de delitos federales de drogas antes de aceptar cooperar, dijeron las autoridades. La DEA trasladó a López Nájera a los Estados Unidos y lo interrogó exhaustivamente. De acuerdo con la nueva asociación para el cumplimiento de la ley conocida como el Acuerdo de Mérida, los funcionarios estadounidenses invitaron luego a sus homólogos mexicanos a entrevistar a su preciada fuente”, detalló el reportaje.
“Los documentos judiciales mexicanos resultantes identificarían a López Nájera sólo con el nombre en clave ‘Jennifer’. Sus revelaciones se convertirían en el motor principal de la ‘Operación Limpieza’, un esfuerzo que acaparó los titulares por parte del Gobierno del presidente Felipe Calderón [Hinojosa] para purgar a funcionarios corruptos de las agencias federales de aplicación de la ley y del Ejército”, indicó Golden.
“La DEA tardó algo más en aprovechar al máximo a su informante. No fue hasta la primavera de 2010, más de dos años después de que López Nájera comenzara a cooperar con la agencia, que ésta comenzó a centrarse en una de sus revelaciones más sorprendentes. En una entrevista en San Diego que agentes de la DEA organizaron para un alto fiscal mexicano, López Nájera describió cómo ‘La Barbie’ lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel en el centro turístico de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico”, relató el periodista.
“El hombre que había organizado la reunión era Francisco León García, hijo de 38 años [de edad], de un empresario minero del norteño estado de Durango. Conocido como ‘Pancho’ León, lanzaba su candidatura al Senado mexicano como representante de la alianza izquierdista de López Obrador. Era amigo de uno de los lugartenientes de ‘La Barbie’, Sergio Villarreal Barragán, un imponente ex policía estatal conocido como ‘El Grande’, y los dos hombres pensaron que podrían ayudarse mutuamente, les dijeron a los agentes”, agregó el reportaje de Propublica.
“Otro empresario se unió a León en la reunión. Los dos dijeron que estaban allí con el conocimiento y apoyo de López Obrador, relató López Nájera. A cambio de una inyección de efectivo, dijo León, la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes”, abundó Golden.
“Según relatos de la negociación que los investigadores estadounidenses finalmente recopilaron a partir de varios informantes, a los traficantes se les dijo que podrían ayudar a elegir comandantes de policía en algunas ciudades clave a lo largo de la frontera. Lo más importante, dijeron funcionarios estadounidenses, es que a los traficantes también se les dijo que López Obrador no nombraría a un fiscal general que consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgaría un veto sobre el nombramiento”, señaló Propublica.
“‘La Barbie’ aceptó el trato y asignó a López Nájera para que se reuniera con funcionarios de campaña en la Ciudad de México y organizara los pagos. (López Nájera no respondió a numerosos intentos de contactarlo). Poco después, dijeron los funcionarios, le presentaron a Mauricio Soto Caballero, un empresario y operador político que encabezaba un equipo de avanzada bajo el mando del jefe de logística de la campaña, Nicolás Mollinedo”, destacó el reportaje del medio estadounidense.
“En tres entregas durante los siguientes meses, se le dijo a la DEA, la organización de ‘La Barbie’ le dio a Soto y otros en la campaña alrededor de $2 millones en efectivo. A medida que el traficante se involucró más, dijo López Nájera, también brindó apoyo de otras maneras: durante las últimas semanas de la carrera, López Obrador viajó dos veces al estado de Durango para grandes y bulliciosos mítines organizados por Pancho León, a los que asistió e hizo grandes donaciones”, enfatizó el reportero.
“La carrera presidencial de 2006 fue un empate. Cuando el tribunal electoral de México declaró vencedor a Calderón por medio punto porcentual, ‘La Barbie’ se enfureció, dijo López Nájera. Al narcotraficante se le ocurrió un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal y obligarlo a revertir la decisión. Se envió un convoy de hombres armados para asaltar el tribunal, y sólo regresaron cuando descubrieron tropas del Ejército custodiando la zona”, narró Golden.
“Después de haber insistido en que era el legítimo ganador, López Obrador reunió a miles de sus partidarios en la Ciudad de México para una sentada de un mes que cubrió una franja del centro colonial de la capital. Según López Nájera, ‘La Barbie’ donó fondos para ayudar a alimentar a los manifestantes”, aseveró el reportaje de Propublica.
“Los agentes de la DEA que escucharon el relato de López Nájera comprendieron que no sería fácil construir un caso penal, dijeron varios funcionarios. Incluso si pudieran verificar las acusaciones, los casos de corrupción de alto nivel casi siempre eran difíciles de probar. Los funcionarios mexicanos utilizaron intermediarios para aislarse de los traficantes que les pagaban. Los políticos y los criminales a menudo se protegían unos a otros; los testigos que lo corroboraban generalmente se mostraban reacios a testificar”, acotó el reportero.
“La mayoría de los delitos relacionados con las drogas también tenían un plazo de prescripción de cinco años. Cuando la investigación se puso en marcha en serio, algunos de los acontecimientos clave que describió López Nájera habían ocurrido cuatro años antes. El fiscal mexicano que asistió a la entrevista de López Nájera transmitió las acusaciones a funcionarios de mayor rango en la Ciudad de México. Pero el Gobierno de Calderón pensó que un caso así tendría demasiada carga política antes de las elecciones de 2012, dijeron ex funcionarios”, recordó Golden.
“Los agentes de la DEA tuvieron mejor suerte con el Distrito Sur de Nueva York, la poderosa fiscalía federal con sede en Manhattan. La jefa de la unidad internacional de narcóticos de la oficina, Jocelyn Strauber, les dijo que pensaba que valía la pena seguir adelante con el caso, dijeron funcionarios actuales y anteriores. Strauber, que ahora dirige el Departamento de Investigaciones de la ciudad de Nueva York, declinó hacer comentarios”, señaló el reportero.
“A lo largo de varias entrevistas con fiscales del Distrito Sur, Soto confirmó que había recibido dos entregas de dinero en efectivo de López Nájera para la campaña de 2006 y que una tercera entrega había sido realizada por otro enviado de ‘La Barbie’. Soto dijo que las tres contribuciones ascendieron a algo menos de los $2 millones que López Nájera había reclamado […] Soto dijo que entregó el dinero a Mollinedo, dijeron personas familiarizadas con el caso”, detalló el reportaje de Propublica.
“Los agentes [de la DEA] querían hacer algo grande. Propusieron ofrecer a la campaña cinco millones de dólares en efectivo a cambio de promesas de que un gobierno de López Obrador dejaría en paz a los traficantes. Si Mollinedo u otros miembros de la campaña estaban de acuerdo, los agentes ofrecerían un pago inicial, tal vez 100 mil dólares. Luego entregarían el dinero para obtener pruebas contundentes de la complicidad de la campaña”, aseguró el reportero.
“En Ciudad de México, agentes de la DEA ensayaron a Soto, le colocaron un dispositivo de grabación y, en abril de 2011, lo enviaron a hablar con Mollinedo. Fue un desastre. ‘Estaba aterrorizado’, recordó un exfuncionario. No estaba claro si Soto manejó mal el equipo o lo apagó deliberadamente, pero regresó con una grabación truncada que a menudo era ininteligible debido al ruido de fondo”, narró Golden.
“Un segundo intento el mes siguiente produjo aproximadamente una hora de cinta. De esa conversación quedó claro que Mollinedo sabía sobre la transacción de 2006, dijeron personas familiarizadas con el caso. Parecía preocupado por dos ex miembros del equipo de seguridad de la campaña, que habían sido encarcelados recientemente y podrían ser presionados a revelar lo que sabían sobre las contribuciones de los traficantes. Los funcionarios dijeron que Mollinedo también mencionó a amigos en la oficina del fiscal general de México que podrían ayudar a protegerlo a él y a Soto”, afirmó el reportero.
“Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara a sí mismo más directamente. ‘Él nunca dijo: ‘No sé de qué estás hablando’ o ‘No conozco a ninguna de esas personas’. No se dijo nada que lo absolviera’, dijo un ex funcionario sobre Mollinedo. ‘Pero la cinta no refrescó la conspiración tanto como era necesario”, abundó Golden.
En una entrevista con Propublica, Mollinedo Bastar negó haber recibido alguna vez donaciones de narcotraficantes y cuestionó la idea de que López Obrador toleraría tal corrupción. “No administramos el dinero”, dijo, refiriéndose a su equipo de logística, y agregó que sólo manejaba fondos que se le daban para gastar en transporte y otros gastos de campaña.
Después de revisar las grabaciones, los fiscales de Nueva York quedaron decepcionados, según contaron ex funcionarios al medio estadounidense. Para un caso tan delicado y arriesgado, sintieron que las pruebas debían ser casi irrefutables. No obstante, los agentes de la DEA propusieron seguir adelante con la operación encubierta dirigida a Mollinedo Bastar y otros colaboradores de López Obrador.
En mayo de 2012, el Gobierno mexicano extraditó a ‘El Grande’. Cuando los agentes de la DEA pudieron preguntarle en suelo estadounidense respecto a las donaciones a la campaña de López Obrador, confirmó que ‘La Barbie’ las había hecho después de la reunión en Nuevo Vallarta, dijeron dos funcionarios.
“El ex colaborador cercano del presidente, Mollinedo, abandonó el lado de López Obrador después de la campaña de 2012 para dedicarse al negocio. Más tarde se unió a Soto para intentar establecer un nuevo partido político centrado en el medio ambiente. El esfuerzo fracasó al cabo de un año”, indicó el reportaje.
“Mollinedo dijo a ProPublica que sigue siendo profundamente leal al presidente. Aunque él y su familia han sido acusados de enriquecerse gracias a sus conexiones políticas, dijo que sus esfuerzos comerciales han sido totalmente honestos”, finalizó el medio estadounidense.
¿QUIÉN ES NICOLÁS MOLLINEDO BASTAR?
Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales del político tabasqueño (la del 2006 y la del 2012).
El 5 de junio de 2019, “Nico” presentó la asociación civil Movimiento Ambientalista Social por México, con la que pretendía contender como partido político, en las elecciones de 2021, lo que al final no sucedió. Mollinedo Bastar también fue titular de la Coordinación de Servicios Municipales del municipio de Centro, Tabasco, en 2016.
Antes, en 2015, Ricardo Monreal Ávila, entonces titular de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, nombró a “Nico” como director de Recolección de Tratamiento de Residuos Sólidos. Durante el mandato de López Obrador como Jefe de Gobierno del D.F., pese a su política de austeridad, el chofer de su vehículo marca Nissan, modelo Tsuru, color blanco, ganaba hasta cinco veces más que un doctor con 40 años de experiencia.
“Nico”, como es conocido popularmente, también fungía como coordinador de la Unidad de Apoyo Logístico de la Jefatura de Gobierno, apareciendo en la nómina del Gobierno de la capital de la República, como subsecretario, con un sueldo de 62 mil 997 pesos, tan sólo 3 mil 877 pesos menos que López Obrador, quien justificó las ganancias de su chofer argumentando que él y otros de sus colaboradores tenían cargos homólogos.
El entonces jefe de Gobierno del ahora extinto Distrito Federal también dijo que “Nico” desquitaba bien su salario, ya que se levantaba a las cuatro y media de la mañana, se acostaba a medianoche y prácticamente no descansaba, razón por la cual se le pagaba más que a otros funcionarios capitalinos.
AMLO DESIGNA A SU COMPADRE Y PRIMO DE SU EX CHÓFER “NICO”, COMO EMBAJADOR ANTE LA OMC
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró, el 21 de junio de 2023, a André Georges Foullon Van Lissum como nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, el cual sería embajador en la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya sede está en Ginebra, Suiza y que agrupa a 164 miembros, así como a 20 naciones en calidad de observadores.
El nombramiento del quinto titular de la ANAM en lo que iba del Gobierno del político tabasqueño -el primero fue Ricardo Peralta Saucedo, el segundo Ricardo Ahued Bardahuil y el tercero Horacio Duarte Olivares-, sería enviado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional-, el político tabasqueño repasó la trayectoria del general Foullon Van Lissum y dijo que antes de retirarse le pidió que considerara contribuir con su Gobierno.
“Para que tengan antecedentes sobre este general: cuando tuve que decidir, él estuvo en la terna y lo elegí al final por ser una gente recta, honesta, preparada, fue director del Colegio Militar, fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa todavía con nosotros”, agregó el mandatario nacional.
“Hace poco se retiró y, antes de que se fuera, le dije que pensara en que podía ayudarnos. Y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas, y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos, constituye como el 15 por ciento del presupuesto nacional”, mencionó el presidente.
El embajador de México ante la OMC es primo de Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales del político tabasqueño (la del 2006 y la del 2012).
AMLO DESIGNA A SU COMPADRE Y PRIMO DE SU EX CHOFER “NICO”, COMO DIRECTOR DE ADUANAS
El presidente Andrés Manuel López Obrador designó, el 7 de diciembre de 2022, a Rafael Marín Mollinedo, como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en sustitución de Horacio Duarte Olivares.
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dio posesión del cargo a Marín Mollinedo, primo de Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, quien se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales (la del 2006 y la del 2012).
¿QUIÉN ES RAFAEL MARÍN MOLLINEDO?
Rafael Marín Mollinedo fue titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), del 7 de diciembre de 2022 al 21 de junio de 2023. Antes se desempeñó como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En dichos cargos fue el responsable de las obras de modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así como de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Además de la construcción de un gasoducto y de 10 parques industriales en la región.
El originario de Quintana Roo fue director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Distrito Federal (GDF), del 2003 al 2006, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad capitalina, del 2000 al 2003.
Marín Mollinedo también se ha desarrollado en la iniciativa privada, ya que cuenta con una empresa privada proveedora de alimentos, Tabana Banana S.A. de C.V., misma que opera en la región de la Riviera Maya. Asimismo, es compadre del actual presidente de la República, ya que es padrino de Gonzalo López Beltrán, el hijo menor que el político tabasqueño tuvo con su primera esposa, la fallecida Rocío Beltrán Medina.
En 2005, el periodista Adrián Rueda publicó que cuando Marín Mollinedo fue director Servicios Urbanos en la capital de la República, se desviaban recursos del GDF para arreglar equipo del municipio de Macuspana, Tabasco, que en ese tiempo era gobernado por José Ramiro López Obrador, hermano del actual mandatario nacional.
Asimismo, el 1 de marzo de 2022, la periodista Anabel Hernández García público en su columna de opinión del medio alemán Deutsche Welle (DW), que durante la revisión de la cuenta pública del 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró durante la gestión de Marín Mollinedo como funcionario federal, irregularidades tanto en el Corredor Interoceánico, como en instituciones cuya gestión depende del Corredor.
“En cuanto al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., la ASF detectó dos irregularidades, una por 2,4 millones de pesos y otra por 25,6 millones de pesos. En Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V, se encontró que la mala planeación, programación, presupuestación y contratación de las obras provocó el gasto de 14,3 millones de pesos de material inútil, y se detectó irregularidades económicas de 2,6 millones de pesos”, detalló Hernández García.
“De acuerdo al informe concentrado del cual tengo copia, la Auditoría presentó 17 denuncias derivadas de la revisión hecha a estas áreas que son responsabilidad de Marín Mollinedo. Seis por responsabilidad administrativa y once por presunto daño a la Hacienda Pública Federal”, señaló la periodista en su columna de opinión, titulada ‘Los compadres de AMLO’.
