El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró este lunes como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura y las obras de su administración que estén asociados a infraestructura de diversos sectores
El acuerdo del presidente López Obrador fue publicado la tarde de este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar “permisos provisionales” para la realización de los proyectos y obras del Gobierno federal, estableciendo un plazo de un año para su autorización definitiva.
El presidente declaró que serán considerados proyectos de seguridad nacional e interés público aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.
Los proyectos podrán estar asociados a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, incluso turístico.
“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, decretó.
Detalla que la autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión. En este periodo se deberá obtener la autorización definitiva.
Obras insignia del actual gobierno como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas entrarían en la definición de seguridad nacional, así que el gobierno federal podría negarse a entregar información vía transparencia sobre estos proyectos.
El jueves pasado el periodista Carlos Loret difundio un reportaje, construido a través de solicitudes de información pública, sobre 966 contratos del aeropuerto de Santa Lucía que se han entregado a empresas fantasma, compañías acusadas de desvío de recursos, proveedores que antes tenían otro giro comercial y pequeños comercios que surtieron miles de productos.
El presidente justificó que su decisión se basa en el artículo 26 de la Constitución, debido a que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”.
“Los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”, añadió.
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Tras la publicación del acuerdo en el DOF, políticos de oposición acusaron a López Obrador de “abuso y discrecionalidad” y de cometer acciones inconstitucionales, al considerar que varios de los proyectos de su gobierno no cumplen con los requisitos de ley para su realización, y previeron impugnaciones y amparos en su contra.
“Este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional”, dijo en Twitter el ministro en retiro, José Ramón Cossío.
Por su parte, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza calificó de “abuso y discrecionalidad total” el acuerdo, y expresó que “esto es de alarma”.
La senadora priista Claudia Anaya, que reaccionó en sus redes sociales al acuerdo por el que se declaró como seguridad nacional las obras del presidente López Obrador, señaló que los proyectos del presidente no cumplen los requisitos de Ley, y que “por ello el gobierno se auto dispensa todos los trámites para sus obras”.
En tanto, Martha Tagle, en un mensaje en sus redes sociales, manifestó sobre el acuerdo: “Al presidente López Obrador le estorban los otros poderes, a él le basta para ‘gobernar’ el ejército y la opacidad y discrecionalidad del presupuesto”.
