En 15 años los distintos gobiernos federales, -desde Calderón, pasando por Peña Nieto y la actual administración-, han ido entregando cada vez más facultades a las fuerzas armadas, cargándoles de responsabilidades que corresponden a civiles, pero también otorgándoles sus presupuestos. Esta fue la conclusión del Inventario Nacional de lo Militarizado que presentó la organización México Unido contra la Delincuencia.

El documento detalla que entre 2006 y 2023, los tres niveles de gobierno han transferido funciones y presupuesto civiles a las fuerzas armadas en al menos 291 ocasiones, a través de 2 reformas constitucionales, 12 reformas legislativas federales, 19 decretos y acuerdos presidenciales y 258 convenios particulares firmados entre las fuerzas armadas y autoridades civiles federales, estatales y municipales.

Estas acciones han generado una presencia militar cada vez mayor en todos los aspectos de la vida nacional, pero sin generar mayor seguridad a la sociedad, al contrario, poniéndola más en riesgo, sostuvo la directora de México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez.

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“Vemos que 15 años después la militarización no le garantiza más seguridad a los ciudadanos, pero sí le garantiza más riesgos de victimización y de violaciones a los derechos humanos porque son corporaciones armadas, entrenadas para la guerra”.

Explicó que la militarización implica transferir funciones a las fuerzas armadas dándoles el control completo del país, y hoy su presencia está en las 32 entidades tomando el control de entradas y salidas y los movimientos de cada estado, cuando su capacitación, insistió, no esta enfocada en temas civiles.

Por ello advirtió que a toda la sociedad mexicana esta situación les tiene que interesar y presionar a los gobiernos para revertir todo el terreno ganado por la milicia.

“Nos tiene que importar porque este proceso de militarización ya adquirió una dimensión y un grado de funcionamiento autónomo tan importante que trasciende la seguridad y abarca más funciones de gobierno que si no exigimos un plan de desmilitarización gradual a este gobierno, vamos a estar entregándoles formalmente las llaves de la casa y serán ellos y no civiles que compitan en elecciones, quienes conduzcan el gobierno”.

Lisa Sánchez advirtió que hoy en día la militarización esta tan enraizada que incluso con el próximo cambio de gobierno, se tendrá a los militares en seguridad pública hasta 2028, porque ese es el plazo constitucional que se les dio, además que estarán presentes en muchas otras acciones con vigencias subjetivas pues e n las reformas, acuerdos y decretos, en muchas ocasiones no se fijan plazos sino conceptos como “cuando se recupere la paz”, sin especificar qué significa eso y lo peor, remató, que este avance ha sucedido sin ningún mecanismo de rendición de cuentas.

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