La muerte de cinco personas tras la explosión en la refinería de Dos Bocas fue una tragedia. Negarlo o matizarlo desde el lenguaje oficial no sólo es mezquino, es un intento evidente de diluir responsabilidades en un desastre que, por sus antecedentes, resulta difícil catalogar como inesperado.
¿Cómo explota una refinería con menos de cuatro años de operación? ¿Cómo se justifica que una infraestructura estratégica, inaugurada en 2022, registre incidentes de esta magnitud en tan corto tiempo? Las preguntas son inevitables y las respuestas, hasta ahora, insuficientes. Lo ocurrido se suma a una cadena de fallas en proyectos emblemáticos que, lejos de consolidarse, exhiben fragilidades estructurales preocupantes.
La versión oficial apunta a circunstancias técnicas, pero omite un factor clave: la ubicación. Dos Bocas fue construida en una zona históricamente vulnerable a inundaciones. Especialistas lo advirtieron de forma reiterada. No una, sino múltiples veces. Aun así, la decisión política se impuso sobre la evidencia técnica. Hoy, esa decisión pasa factura.
Las aguas aceitosas que salieron de la refinería tras las inundaciones -y que derivaron en el incendio- no son un accidente fortuito; son la consecuencia de una mala planeación. La instalación ha quedado bajo el agua en diversas ocasiones. Era cuestión de tiempo para que un evento de esta naturaleza escalara a consecuencias fatales.
El saldo es devastador: un trabajador de Pemex fallecido —identificado como Gilberto— y cuatro civiles más que simplemente transitaban por la zona. Personas ajenas a la operación industrial, expuestas a un riesgo que nunca debió alcanzarles. Porque ese es otro punto crítico, la refinería no está aislada, está inserta prácticamente en una zona urbana, con vialidades cercanas, tránsito cotidiano y escuelas a escasos metros.
Padres de familia lo advirtieron durante meses. Solicitaron la reubicación de un preescolar y una primaria ante el riesgo evidente. No fueron escuchados. Hoy, la realidad les da la razón de la peor manera posible.
Lo inaceptable no es sólo el accidente, sino la narrativa posterior. Los comunicados de Pemex sugieren una intención de deslindarse, de reducir el hecho a una contingencia técnica, cuando los indicios apuntan a fallas estructurales, decisiones cuestionables y omisiones reiteradas.
El silencio también pesa. La ausencia de posicionamientos inmediatos por parte de autoridades estatales y federales -incluido el gobernador- deja un vacío que alimenta la percepción de evasión. La atención ahora se centra en lo que dirán la presidenta, el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador, pero sobre todo en lo que harán.
Porque más allá de declaraciones, lo ocurrido en Dos Bocas exige algo más que explicaciones: exige responsabilidades. Y, hasta ahora, siguen sin asumirse. Resulta aún más grave cuando quien encabezó esa obra, Rocío Nahle, hoy se presenta como promotora de un Veracruz que dice amar y poner de moda; sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario: nadie ama lo que no conoce. Para los veracruzanos, lo que queda a la vista son patrones reiterados de opacidad, improvisación y soberbia gubernamental.
