A mes y medio del feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva en México, el caso sigue envuelto en polémica por la actuación que ha tenido la Fiscalía del estado de Jalisco y los señalamientos por revictimización.
La semana pasada, el Ministerio Público aseguró que Padilla habría sido la autora de las pintas con amenazas de muerte que aparecieron en su casa, antes de que le rociaran alcohol y le prendieran fuego mientras caminaba por la vía pública en Zapopan.
Según la Fiscalía de Jalisco, “no se encontraron similitudes gráficas” entre la escritura estampada en las paredes de la casa de Luz Raquel Padilla y la prueba que analizaron de Sergio Ismael ‘N’, un vecino de la mujer que fue detenido como probable responsable del crimen y que ya obtuvo la libertad condicional.
El hecho de que la Fiscalía sugiriera que Padilla había sido la autora de las pintas en su contra provocó una ola de indignación por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos, que reprocharon la ausencia de perspectiva de género en el caso y la revictimización de la mujer, quien denunció las amenazas en su contra antes de ser asesinada, sin recibir ningún tipo de protección.
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Comparecencia privada
El manejo del caso ha sido tan cuestionado que varios colectivos se movilizaron para exigir la comparecencia del fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, ante el Congreso del estado. La audiencia finalmente se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre, pero será a puerta cerrada.
“Vaya paradoja, quien ha filtrado información sobre el caso, ahora es quien no quiere rendir cuentas a la sociedad”, criticó en sus redes sociales la activista feminista Candelaria Ochoa. “Se debe informar a la representación de este estado y a la ciudadanía que hemos exigido transparencia y rendición de cuentas en el caso de Luz Raquel”, agregó en otro tuit.
Los colectivos reclaman que la audiencia sea pública para poder interpelar al fiscal, a quien acusan de haber manejado con impericia la información sobre el caso, no solo por sugerir que Padilla hizo ella misma las pintas en su contra, sino por ventilar la hipótesis de que su muerte pudo haber sido un “autoataque”.
“Me parece inaudito que siendo precisamente el fiscal, quien en dos ocasiones ha dado ruedas de prensa revictimizando a la víctima de un feminicidio, Luz Raquel, sea ahora el que tenga el privilegio de tener una sesión reservada en el congreso para su comparecencia”, se quejó la diputada Mara Robles. Para ella, se trata de un “sinsentido jurídico y una falta de respeto” a la memoria de la víctima.
Exigen transparencia
Esta semana, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) se pronunciaron para pedir que las indagatorias sobre el caso sean públicas.
“Exigimos a la Fiscalía del Estado de Jalisco haga pública la metodología que ocupó para realizar tales conclusiones, pues en nuestra experiencia, en estos XV años de labor, esta prueba no tiene fiabilidad sin una metodología adecuada, seria, científica e imparcial, además de que con la misma, no se desacredita directamente la inexistencia del feminicidio”, recalcaron en el texto.
Lo que reclaman en el caso de Padilla es que la investigación se desarrolle con sigilo y priorizando los datos “por encima de respuestas veloces y sin fundamentos”. La exigencia no es gratuita en un país como México, donde se registraron 1.004 feminicidios en 2021, un 2,66 % más que en 2020.
“Es paradójico que toda la responsabilidad de la muerte de Luz Raquel recaiga en ella misma, sin que se tomen en cuenta y se investiguen los antecedentes de violencia por parte de su vecino Sergio “N”, quien tuvo abiertamente confrontaciones con la activista, al molestarse por las normales reacciones del hijo de Luz Raquel, quien es diagnosticado con autismo”, recalca el comunicado.
Además, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Salud –que fueron recopilados por el portal Animal Político–, entre enero y junio de este año, al menos 74 mujeres fueron agredidas con vapor, fuego o sustancias calientes. En todo el año pasado, se habían registrado 21 denuncias de incendios intencionales de este tipo, lo que significa que la cifra anual se ha duplicado en solo un semestre.
¿Qué se sabe del caso?
El sábado 16 de julio, Padilla, madre de un niño de 11 años con epilepsia y autismo, caminaba en la vía pública en Zapopan cuando desconocidos le rociaron alcohol y le prendieron fuego. La mujer resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en más del 80 % de su cuerpo, y falleció el martes siguiente en el Hospital Civil de Guadalajara.
La brutal agresión causó aún mayor conmoción en el país latinoamericano debido a que Padilla había sido víctima de un ataque con cloro industrial en el tórax, a mediados de mayo. El 17 de ese mes, la mujer denunció que diariamente recibía amenazas de muerte por parte de su vecino, a quien identificó como su “agresor”.
Padilla publicó fotografías de las pintas realizadas afuera de su vivienda, en donde se leían los siguientes mensajes: “Te voy a quemar viva” y “Te vas a morir, Luz”.
Las autoridades del municipio de Zapopan y del estado de Jalisco tenían conocimiento de las denuncias por amenazas recibidas, pero no impidieron el crimen ni aplicaron medidas de protección. Días después de la muerte de Padilla, el titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UAVI), Carlos Alberto Antonio Franco, presentó su renuncia al cargo.
Tras su dimisión, el Gobierno de Zapopan puso al frente de la unidad a Arcelia Abelar Serna, alegando la “importancia de que dicha Unidad quede a cargo de una mujer, a fin de dotar al área con la sensibilidad y perspectiva de género necesarias para atender a las mujeres víctimas de violencia”.
