Después del choque entre estudiantes y fuerzas de seguridad el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco que marcó el punto de inflexión política de México ante el dilema –de acuerdo con Octavio Paz en Posdata— de democracia o dictadura, la agresión a estudiantes en la Ribera de San Cosme en la Ciudad de México la tarde del 10 de junio de 1971 revivió el fantasma del autoritarismo del Estado.
A pesar de múltiples machincuepas para negar la responsabilidad de fuerzas oficiales de seguridad que todos vieron y probaron y que en los primeros instantes dejaron la impresión de que se movían por sí mismos sin ninguna responsabilidad de ningún cargo oficial, el presidente Luis Echeverría respondió a preguntas del conductor de Televisa Jacobo Zabludovsky :
—Señor presidente, dicen algunos testigos que algunos grupos de los que fueron a disolver esta manifestación bajaron de camiones y transportes del departamento del Distrito Federal.
—Es lo que quiero que el señor Procurador investigue desde luego.
—¿Y serán castigados los culpables, señor presidente?
—Categóricamente, sí.
El presidente Echeverría realizó muchas maniobras políticas para eludir su responsabilidad, sin seguir el ejemplo histórico del presidente Gustavo Díaz Ordaz en su informe presidencial del 1 de septiembre de 1969 cuando asumió “íntegramente la responsabilidad: personal, ética, social, jurídica, política histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.
Después del 10 de junio de 1971, sin embargo, el presidente Echeverría se dedicó a eludir la responsabilidad de un suceso que Zabludovsky se lo dijo con claridad: el grupo de choque paramilitar conocido como los halcones se había bajado en la zona del conflicto en San Cosme de vehículos oficiales del Departamento del Distrito Federal, cuyo jefe era nada menos que Alfonso Martínez Domínguez, de una biografía mal que bien articulada a Echeverría: fue el presidente nacional del PRI que destapó a Echeverría como candidato y le manejó la campaña y por decisión de Echeverría fue designado jefe del DDF.
Y hubo otros corresponsables: el procurador de Justicia del DF fue Sergio García Ramírez, a quien desplazaron para enviar el expediente a la Procuraduría General bajo la dirección del procurador Julio Sánchez Vargas. Todos estos funcionarios involucrados en la investigación recibieron quizá algunos coscorrones, pero al final salieron premiados por el régimen.
A la vuelta de 54 años, documentos y revelaciones que se publicaron después del 10 de junio y que no fueron tomados en cuenta en los expedientes judiciales tienen hoy otra lectura judicial y política porque el control sistémico sobre los medios y sobre la sociedad ha prácticamente desaparecido.
Entre todos los documentos que no fueron incluidos en el expediente judicial se encuentra la larga entrevista que el activista y disidente político Heberto Castillo –de un enorme prestigio por su honestidad– le realizó nada menos que a Alfonso Martínez Domínguez y que publicó el 11 de junio de 1979 en el número 136 de la revista Proceso. La historia, en resumen, contada por uno de sus protagonistas hubiera requerido una incorporación al proceso judicial:
Martínez Domínguez contó que la tarde del 10 de junio de 1971 fue citado a la Casa Presidencial de Los Pinos para una reunión sobre el tema del agua en el Valle de México y que el jefe del DDF fue encerrado con el presidente y el gobernador del Estado de México sin tener ningún contacto con el exterior. Y a lo largo de la reunión, el presidente Echeverría se levantó varias veces para atender asuntos fuera de su oficina y dice Martínez Domínguez que ahí confesó Echeverría que había echado a andar la maquinaria represiva para parar un movimiento estudiantil irrelevante y cuyo pliego petitorio regiomontano prácticamente había sido resuelto favorablemente, pero que estaba creciendo en cuanto a la participación de grupos disidentes que sobrevivieron la represión del 68 y que pudieran construir una nueva fase de un movimiento estudiantil nacional de protesta.
La participación de un grupo de choque que formaba parte de una dirección del DDF y de la cual estaba enterado Martínez Domínguez como jefe del departamento, las fotografías de los halcones bajando de autobuses oficiales y reportajes de los campos de entrenamiento del grupo de choque en instalaciones públicas eran motivos suficientes para indiciar a funcionarios públicos del sector capitalino y del área judicial del DF y federal, los primeros como responsables directos de la masacre y los segundos por haber manipulado las áreas judiciales con el propósito de proteger a funcionarios y a los propios halcones.
Echeverría construyó su discurso político con argumentaciones que fueron compradas por sectores intelectuales y políticos: sus argumentos progresistas y radicales de su campaña y de inicio de gobierno contra los grupos conservadores del régimen anterior –el de Díaz Ordaz que lo hizo candidato y lo llevó a la presidencia de la República, limpiándole antes la corresponsabilidad de Tlatelolco que la tenía Echeverría como secretario de Gobernación y encargado directo de la política interior– estaban siendo saboteados por grupos identificados cómo “emisarios del pasado” y que el halconazo perpetrado por grupos de choque financiados directamente por el gobierno capitalino y por tanto el gobierno federal –entonces el jefe del DDF era designación directa del presidente y formaba parte del gabinete– tenía como responsables a oscuras fuerzas políticas reaccionarias del propio régimen.
Uno de los sectores más involucrados –o cuando menos una parte de esos grupos– fue el de los intelectuales: el escritor Carlos Fuentes –que haber renunciado en 1964 la revista Política porque la publicación estaba atacando la candidatura presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, a quien el narrador consideraba como representante de las fuerzas revolucionarias del régimen–. Fuentes escribió un epílogo de última hora para su libro Tiempo Mexicano que se publicó en el otoño de 1971 y allí dejó muy claro que había una conspiración de la derecha contra el discurso progresista de Echeverría.
En 1972, Fuentes emitió una declaración de apoyo a Echeverría que sacudió al ambiente intelectual involucrado en el debate político y fijó un parteaguas entre los grupos de la cultura: como Echeverría era una figura que estaba combatiendo a la derecha fascistoide, Fuentes dijo que “sería un crimen histórico dejar solo a Echeverría” en esa lucha. Una respuesta inmediata en una frase fue emitida por el poeta y ensayista Gabriel Zaid: “el único criminal histórico es Luis Echeverría”, pero esta declaración fue censurada en el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre que entonces era el último refugio de la cultura progresista más vinculada al nacionalismo revolucionario del PRI que a la izquierda socialista vigente entonces. El director del suplemento era Fernando Benítez, un antropólogo y narrador vinculado al PRI y sobre todo al ala conservadora de Carlos Hank González.
Zaid preparó una respuesta mucho más meditada y la publicó en la revista Plural 12 de septiembre de 1982 de Excélsior, dirigida entonces por el poeta Octavio Paz, y centro de un grupo de intelectuales con independencia del poder y del Estado. En su texto, titulado “Carta Carlos Fuentes”, Zaid reclama a su compañero de páginas en el suplemento “La Cultura en México” que involucraba su fama intelectual para defender un hecho político indefendible. Y dándole parte de razón a Fuentes, Zaid conminó al novelista a ponerle fecha a su apoyo en términos de que se castigará a los responsables y que si pasado un tiempo tolerable no había conclusión ni indiciados, entonces Fuentes debería de asumir nuevamente su posición de intelectual crítico y confrontar al presidente de la República por el incumplimiento de sus compromisos.
Al contrario, Carlos Fuentes aceptó en 1974 el nombramiento de embajador del Gobierno de Luis Echeverría en Francia, a pesar de que su gran amigo y compañero de luchas Octavio Paz había renunciado a la embajada de México en la India en octubre de 1968 en protesta por lo que llamó la matanza estudiantil en Tlatelolco. En esas vueltas extrañas de la vida política de México, Fuentes renunció en abril de 1977 a la embajada de Francia en protesta por el nombramiento del expresidente Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México ante el gobierno monárquico de España en proceso de transición a la democracia. Como para cerrar el incidente, en marzo de 1999 Fuentes declaró a la revista Proceso que “a la larga Gabriel Zaid tuvo razón en el sentido de que estaba proponiendo que el intelectual siempre debe ser independiente del poder y no darle un apoyo”. Sin embargo, Fuentes nunca hizo ni un poco esfuerzo crítico contra Echeverría.
En 1972, dos importantes intelectuales refrendaron el apoyo a Echeverría a pesar de que había transcurrido 1 año del compromiso presidencial de castigar a los responsables del halconazo del 10 de junio de 1971: en abril de 1972, el escritor Fernando Benítez declaró que Echeverría había heredado un país en quiebra y que solo había descubierto el verdadero México durante su gira como candidato, acreditando la ceguera política y social al cargo burocrático nada menos que de secretario de Gobernación o segundo hombre más poderoso de México después del presidente de la República.
El 12 de marzo, Benítez escaló su compromiso con Echeverría con una declaración concreta: “en mi opinión, el presidente Echeverría no representa una opción cualquiera sino la única opción que tenemos actualmente los mexicanos… El dilema de México es en estos momentos Echeverría o el fascismo.
En junio del mismo año de 1972, Fuentes declaró “si los intelectuales y hombres de izquierda dejamos al presidente Echeverría aislado, rodeado por los enemigos de la independencia del país, habremos cometido un crimen histórico… El presidente Echeverría puede tener la grandeza de Cárdenas si resuelve los problemas con la inteligencia y la audacia con que lo hizo aquel”.
EL PODER PROTEGE
El proceso de reacomodo burocrático de funcionarios que tuvieron que ver con el halconazo de junio de 1971 siguió los ritmos de impunidad del régimen: Echeverría encapsuló y archivó el incidente en San Cosme y siguió su camino con su discurso progresista hasta qué en julio de 1976 regresó a las andadas autoritarias y movilizó la estructura gubernamental para permitir que una reunión interna de la cooperativa de cerrar a las puertas del diario Excélsior al director Julio Scherer García y éste abandonó la sesión y el periódico.
Alfonso Martínez Domínguez fue sacrificado con su renuncia por el propio presidente Echeverría en agosto de 1971 para, en términos de la burocracia gubernamental que suele esconder las verdaderas razones, facilitar las investigaciones del 10 de junio que en realidad nadie estaba realizando y pasó al sótano de la política a la espera de mejores tiempos. Estuvo unos años en lo que en el lenguaje del régimen priista se conoce como la RENATA (reserva nacional de talentos) y en 1979 fue rescatado por el presidente José López Portillo y enviado como gobernador de Nuevo León, la entidad cuya crisis universitaria en 1971 había provocado la realización de la marcha del famoso jueves de Corpus que había sido atacada por los halcones del DDF, entonces bajo la dirección política del propio Alfonso Martínez Domínguez. Como justificación y en camino de lavado de manos para asumir la candidatura en 1979, un año antes le dio la entrevista Heberto Castillo para informarle que el halconazo había sido decisión de Echeverría, y entre otras cosas declaró con claridad:
“Al conocerse la decisión de los estudiantes de que marcharían el 10 de junio para apoyar a los universitarios de Nuevo León, Echeverría me dijo: ‘quieren calar a mi gobierno, pero los vamos a escarmentar’.
—No, señor presidente, dijo AMD, creo que si realizan su marcha no habrá mayores problemas. Soy de la opinión de que no se tomen sino medidas precautorias. Vigilar que no haya provocaciones. No habrá problemas
—No, Alfonso —relata AMD que LEA le dijo—, la izquierda me está toreando, quieren que muestre debilidad y entonces se me subirán a las barbas. Los meteremos al orden.
El procurador federal julio Sánchez Vargas, a quien se le endosó por decisión política y estructura burocrática la investigación del halconazo, también fue sacrificado muy rápidamente en agosto de 1971 –más o menos un mes y medio después del halconazo— y estuvo un tiempo a la espera de mejores circunstancias, pero dejando en claro que su investigación del 10 de junio o fue la más deficiente o nunca la realizó. En julio de 1977, en ese rescate de viejas figuras políticas que ocurren sexenio tras sexenio, el presidente López Portillo lo hizo nada menos que ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargando sobre sus espaldas el fardo de la peor investigación de uno de los casos simbólicos de la lucha criminal por el poder En México.
El jurista Sergio García Ramírez, que había hecho una carrera sólida en el ámbito académicos de las leyes en la UNAM, era el procurador del DF en el tiempo político del halconazo y duró en ese cargo hasta agosto de 1972 y fue relevado nada menos que por Pedro Zorrilla Martínez, quién había sido el gobernador de Nuevo León después del halconazo que estalló por crisis universitaria en Nuevo León. A pesar de haberse dejado deslindar del cumplimiento de su función primaria de investigar el halconazo y permitir la aberración jurídica de que el presidente Echeverría le pasara el expediente al procurador general, García Ramírez fue premiado por el presidente Miguel de la Madrid como secretario del Trabajo durante 1982 y posteriormente designado procurador general de la República hasta noviembre de 1988, con dos incidentes en su expediente: fue el titular de la PGR en 1985 durante el explosivo caso del asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de ese año y por tanto García Ramírez estaba encargado de la investigación que debió haber hecho para dar con sus autores; sin embargo, hubo evidencias de que la PGR de García Ramírez escondió la corresponsabilidad del Gobierno mexicano en la protección del Cártel de Guadalajara de Miguel Angel Félix Gallado, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Don Neto.
Pero luego, García Ramírez fue empujado por el presidente De la Madrid como precandidato presidencial para el sexenio 1988-1994 y fue uno de los 6 distinguidos priistas que participaron abiertamente en la competencia, aunque aceptando el juego perverso de las simulaciones porque desde el principio de su sexenio De la Madrid había optado por Carlos Salinas de Gortari. Y como cereza del pastel, con todas sus contradicciones que demeritaban su calidad jurídica, García Ramírez fue designado ministro presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de 2004 a 2007.
Echeverría tuvo que cargar con todo el pasado represivo como secretario de Gobernación del presidente Díaz Ordaz y sobre todo como el señalamiento de responsabilidad directa de la represión en Tlatelolco, al grado de que fue juzgado como represor y sentenciado a prisión domiciliaria, pero después se revirtió el proceso y limpiaron esa sentencia de su expediente.
Pero quedó abierto el caso del 10 de junio de 1971 en la Ribera de San Cosme, sin que se hubiera abierto algún expediente de actualización de investigaciones a partir de nuevos datos periciales y algunos que confirmaban anteriores sobre el hecho real de que el grupo paramilitar de los halcones formaba parte de la estructura administrativa del Departamento del Distrito Federal, que el entonces no era gobierno estatal sino que funcionaba con un apéndice constitucional del presidente de la República, al grado de que los titulares del Gobierno capitalino fueron designados hasta 1997 por el jefe del Ejecutivo federal,
La declaración De Martínez Domínguez a Heberto Castillo, por haber sido el político el titular del Gobierno del DF, y sus revelaciones de que Echeverría por propia voz aceptó la represión como un mecanismo de frenar el radicalismo de izquierda sigue estando en el centro de lo que puede ser la responsabilidad y complicidad e impunidad de Luis Echeverría Alvarez con el ataque de los halcones contra estudiantes.
El Independiente/Carlos Ramírez
