Altos mandos de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) habrían huido a México para eludir la guerra declarada por el presidente Nayib Bukele contra esta y otras organizaciones criminales en el país, según comunicó este martes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

“Muchas de esas sillas [puestos ejecutivos] que están pendientes [de ser capturados] sabemos que están en México, y que desde allá están girando instrucciones de manera cobarde”, afirmó Villatoro al canal 21 de la televisión local, aunque no dio más detalles sobre quiénes son o cuándo abandonaron el país.

La MS-13 está liderada por 15 cabecillas. “De esas 15 sillas que gobernaban la estructura, los 31 programas [divisiones] que tiene la MS a nivel nacional, siete de esas sillas ya están tras las rejas”, detalló el ministro.

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Ese ejecutivo de 15 miembros es conocido como Ranfla Nacional y cuenta con 31 subjefaturas en todo el país que, a su vez, tienen bajo su mando a 434 células, llamadas ‘clicas’, cada una con un cabecilla llamado ‘palabrero’, según ha desgranado el ministro.
El estado de excepción se prorroga

El propio Villatoro presentó este martes una petición al Congreso para prorrogar por tercera vez el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo y que permite, entre otras cosas, la suspensión de derechos y libertades y las detenciones sin órdenes judiciales.

La prórroga de la medida, que decaía el 25 junio, fue aprobada por otros 30 días con 67 votos a favor de los 84 diputados que componen el Parlamento.

“Un pandillero en una comunidad es como una célula cancerígena, y tenemos que aplicar quimioterapia. No vamos a descansar hasta que el último pandillero en nuestro territorio haya sido capturado”, afirmó el ministro de Justicia ante el Hemiciclo.

Tras la votación, el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, afirmó que “los resultados positivos de la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele son innegables. El apoyo de la población confirma el éxito de las medidas implementadas y la necesidad de que continúen hasta que concluya la guerra contra las pandillas”.

El régimen de excepción vigente desde marzo, tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo a manos de las pandillas, permite la suspensión de algunas garantías constitucionales.

Desde finales de marzo, cuando el presidente Bukele solicitó al Congreso declarar un régimen de excepción, hasta el 19 de junio han sido detenidos 41.346 presuntos pandilleros, según el Ministerio de Seguridad.

La Asamblea Legislativa salvadoreña también ha aprobado el aumento de las penas impuestas por crímenes relacionados con las pandillas.

En el país operan principalmente las pandillas MS-13 y Barrio 18. Antes de que se decretara el estado de excepción se calcula que se encontraban encarcelados alrededor de 16.000 de sus miembros, mientras que tras las detenciones del último trimestre se encontrarían presos 57.546 miembros, un 83 % de los 70.000 miembros de estas organizaciones que se cree que existen en el país.

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