Tres personas inocentes, ajenas a un enfrentamiento entre el Ejército y estructuras del crimen organizado, fueron ejecutadas por agentes militares en un operativo en Nuevo Laredo que se saldó con la muerte de 12 personas, a mediados del año pasado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), general Luis Cresencio Sandoval González, por la vulneración de los derechos fundamentales de las tres víctimas, y otra dirigida al titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de ese estado, Irving Barrios Mojica, por una investigación inadecuada de los hechos, ocurridos la madrugada del 3 de julio de 2020.
Ese día, de acuerdo a la CNDH, un convoy militar fue atacado mientras patrullaba en el bulevar Aeropuerto de Nuevo Laredo por un grupo armado, que se trasladaba a bordo de tres camionetas. Tras el intercambio de disparos, fallecieron 12 personas, entre ellas, las tres víctimas que previamente habían sido reportadas como desaparecidas.
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“Mátalo, mátalo”
La investigación de la CNDH se abrió después de recibir varias quejas sobre el caso. Las pesquisas del organismo determinaron que durante el operativo militar hubo violación al derecho humano a la vida, “por uso excesivo de la fuerza, atribuible a personal castrense”, así como vulneración de los derechos de acceso a la justicia por parte de los funcionarios de la Fiscalía del estado.
Las grabaciones captadas por los propios militares fueron claves para esclarecer los acontecimientos. En uno de los videos, si bien se confirma que los efectivos fueron emboscados por el grupo armado y repelieron la acción hasta detener a los atacantes, también verificaron que se cometieron excesos de fuerza que provocaron la muerte de las tres víctimas.
El material audiovisual permitió constatar que después de que el Ejército logró inmovilizar una de las camionetas, los efectivos detectaron la presencia de tres personas en la batea de uno de los vehículos donde viajaban los agresores. Esos ciudadanos, ajenos al conflicto, habían sido secuestrados por el grupo armado y estaban reportados como desaparecidos.
De acuerdo al CNDH, al menos dos unidades militares de la SEDENA rodearon la camioneta y emprendieron una “constante maniobra ofensiva”, que no fue respondida por los tripulantes del vehículo, “con lo cual transgredieron el principio de necesidad” que derivó en el uso excesivo de la fuerza.
Varios de esos videos circularon en redes sociales el año pasado. En uno de ellos se escucha a un efectivo decirle a sus compañeros que dejaran de disparar contra la camioneta, hasta que otro grita: “¡Están vivos!”. En ese instante, se oye una voz que ordena: “Mátalo, mátalo”.
El año pasado, la divulgación de esas grabaciones provocó la reacción del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a la Sedena abrir una investigación. “Nosotros no vamos a permitir estas prácticas, eso se hacía antes, había la consigna de rematar a los heridos, en enfrentamientos”, dijo en esa oportunidad.
Para la CNDH, los agentes militares “no ponderaron el uso diferenciado de la fuerza y pusieron en riesgo de perder la vida a personas que eran ajenas al enfrentamiento, como fue el caso de las tres víctimas que, de acuerdo con dictámenes elaborados por la Fiscalía General de la República (FGR), no accionaron armas de fuego durante la confrontación”.
Investigación inadecuada
El organismo nacional de DDHH también constató que las necropsias de las víctimas fueron realizadas “de forma inadecuada e imprecisa”, lo que dio como resultado “conclusiones exiguas y carentes de veracidad” que obstaculizaron las actuaciones del Ministerio Público.
Esas anomalías en el proceso vulneraron el derecho a la justicia, ya que impidieron contar “con datos fidedignos y veraces para determinar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos”.
Por ese motivo, la CNDH exigió medidas de reparación a las víctimas, especialmente al secretario de la Defensa Nacional, “incluyendo una compensación justa y suficiente”, así como atención médica, psicológica y seguimiento de las denuncias que a partir de ahora se presenten vinculadas a esos mismos hechos.
Además, la Comisión pidió capacitar a los efectivos castrenses sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Otra de las solicitudes es que los militares utilicen dispositivos tecnológicos para grabar sus actuaciones en cada una de las intervenciones.
