Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alertó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) está fundada en el autoritarismo y no en la democracia.
En entrevista con La Silla Rota, Salazar Ugarte afirma que es inviable que las funciones del Inai pasen a una dependencia del gobierno federal, como lo es la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues no podría exigir cuentas a organismos que no formen parte de la Administración Pública Federal.
“En los estados constitucionales, el equilibrio de poderes no se reduce ya a la clásica división entre la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Los estados contemporáneos han creado órganos de garantía de una amplia gama de derechos que, para poder cumplir su función requieren precisamente de la autonomía ante el gobierno.
“Esta iniciativa es, en verdad, una forma de pensar regresiva, pero no en clave solamente histórica, sino institucional. La tendencia que orienta estas decisiones es la de la concentración del poder y la concentración del poder tiene una clave autoritaria, nunca tiene una clave democrática”, afirma contundente.
El especialista alerta que, para desaparecer al Inai, forzosamente se requiere una reforma a la Constitución, que contravendría a la misma, pues sería retroceder en la consecución de un derecho humano ya establecido. El asunto podría llegar, incluso, a un proceso de defensa ante organismos internacionales.
“Lo que se podría intentar es impugnar la reforma constitucional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, ante la Comisión y luego ante la Corte, si la comisión lo considera; pero eso nunca ha sucedido con una reforma constitucional.
“Lo que primero debería venir es una resistencia democrática, por supuesto, siguiendo los procesos que nos ofrece nuestro propio sistema democrático; pero desde la ciudadanía, que debería resistir y oponerse a una decisión regresiva”, advierte.
Salazar Ugarte recuerda que la lucha de los mexicanos por conseguir el acceso a saber ha sido una carrera de 20 años, que ha contado con la participación de la academia y las organizaciones de la sociedad civil, y ha logrado establecer los principios legales y académicos para la defensa de derechos, que antes no se tenían contemplados.
Hoy, el Inai, después de tres reformas legales y una constitucional, es el garante de proteger dos derechos fundamentales: la protección de datos personales ante grandes consorcios comerciales y el propio gobierno; y el derecho de cada ciudadano a saber en qué se invierten sus impuestos, cuánto ganan sus gobernantes, entre otros temas.
“El Inai es una instancia que opera como garante de derechos humanos frente al gobierno, frente al Estado, frente a los poderes públicos, incluso frente a los otros órganos autónomos, es decir, es un órgano de garantía frente a las autoridades.
“Es un órgano que, por la función que realiza, requiere de autonomía constitucional, su autonomía no es un capricho, es una cualidad necesaria para que pueda ejercer sus funciones a cabalidad y no sea el gobierno el que se vigila a sí mismo”, detalla.
Retirarle autonomía al Inai o incluso desaparecerlo requeriría de una “operación mayúscula a la Constitución”, por lo que la propuesta es cuestionable, desde el punto de vista jurídico, y aunque supone un “despropósito constitucional”, no es imposible.
“No podemos negar que la política del actual gobierno, del actual presidente, tiene una intención de desmontar a ese y a otros organismos que gozan de autonomía constitucional, lo cual sería regresivo, desde el punto de vista del control del poder.
“Lo que propine el presidente es regresar al pasado, son reformas absolutamente regresivas porque es regresar a un momento en el cual, el gobierno, con varias aristas no democráticas, controlaba muchas de las funciones que hoy son ciudadanas”, recalca.
Pedro Salazar concluye que la propuesta sólo busca incrementar el poder en una sola institución: la Presidencia de la República, lo que no sólo es impensable en la época actual, sino que atenta contra los avances que México ha tenido en su propia democracia.
