El gobierno de México prioriza una política de contención y retención, en lugar de protección, contra las y los migrantes. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) está rebasada, y la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) han sido fortalecidos para hacer redadas y detener a este grupo de personas en movilidad.
Así lo dijo la Mtra. Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la IBERO. “Estamos viendo el resultado de una serie de políticas que tienen décadas en este país, que en los últimos años se han agudizado y convertido en políticas que cada vez bloquean más el acceso de las personas migrantes a derechos”.
De acuerdo con la especialista del PRAMI, lo ocurrido con las caravanas migrantes el pasado del 28 de agosto es un desplazamiento forzado porque estas personas quieren tener condiciones mínimas de vida digna en algún lugar del país y en Tapachula, Chiapas, no se les garantiza.
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Añadió que las solicitudes de refugio en México han tenido un crecimiento exponencial desde hace siete años. Pero la falta de capacidades y recursos en la COMAR, así como de infraestructura y personal (sumado a la pandemia por COVID-19 que ocasionó la suspensión temporal de solicitudes), ha provocado que el rezago aumente de manera considerable.
Asimismo, a propósito de la pandemia, hace unos meses, se implementó una nueva modalidad para presentar las solicitudes en Mexico, la cual consiste en acceder a una plataforma para llenar un cuestionario y obtener una cita para presentarse ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para solicitar la condición de refugiado.
Sin embrago, agregó que la COMAR está dando las citas hasta diciembre o enero, lo cual implica que las personas deben permanecer cuatro o cinco meses sin documentos, de forma irregular y sin acceso a derechos, en zonas fronterizas como Tapachula, al sur del país.
“Estamos viendo movilizaciones porque las personas no pueden seguir esperando por varios meses. Y es que, cada vez hay más población en situación de calle, familias completas, mujeres embarazadas que están pasando hambre. Con esta situación, vemos que no se están garantizando las vías para la migración regular y la gente se está quedando atorada en estas ciudades fronterizas y es insostenible para ellas”, añadió Núñez.
La coordinadora del PRAMI comentó que el INM debe respetar la propia Ley de Migración porque además de los desplazamientos, se hacen detenciones, lo cual es ilegal y arbitrario porque México no tiene que estar expulsando hacia Guatemala a personas de Haití, El Salvador, Nicaragua, Venezuela o Sudáfrica, por mencionar algunas naciones.
La mayoría de las personas que se están movilizando hoy tienen documentos con condición de refugiados ya reconocida, visas permanentes o humanitarias como solicitantes de asilo. Muchas personas ya tienen sus procesos iniciados con la COMAR.
Y de acuerdo con la propia norma migratoria, una persona con un proceso de solicitud de refugio no puede ser detenida o expulsada. Lo mínimo es que se respete el debido proceso y a quienes tengan documentos, se les garantice la movilidad por el país.
