En México se registran hasta 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones cada día, crecientes delitos que se han sofisticado con el aprovechamiento de las tecnologías de la información para engañar y afectar al patrimonio de sus víctimas, concluyó ayer domingo un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
El estudio titulado “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo” (DAR CLICK AQUÍ PARA VER INFORME COMPLETO), también ubica al fraude como uno de los delitos de mayor incidencia delictiva en México.
El documento, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre, también reveló que el mayor porcentaje de estos delitos no son denunciados ante las autoridades mexicanas, lo que dijo representa una “cifra negra”, característica de estos delitos en el país, principalmente del fraude.
“Los llamados ‘montadeudas’, las pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre otras, son algunas de las modalidades más recurrentes mediante los cuales se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal”, detalla el estudio.
El estudio del IBD identificó a la Ciudad de México como la principal entidad mexicana donde se comete el fraude, con un total de 9 mil 651 casos.
A esta le siguen entidades como el Estado de México, con 6 mil 2; Jalisco, con 4 mil 77; Chihuahua, con 2 mil 276; Nuevo León, con 2 mil 176; y Guanajuato, con 2 mil 120.
En contraste, el estudio reveló que los estados mexicanos con menor número de estos delitos son Nayarit, con 146 casos; Chiapas, con 104; Quintana Roo, con 77; Yucatán, con 51 y Tlaxcala, con apenas 14.
El estudio sobre el fraude en México también da cuenta de los esfuerzos legislativos en la materia para tratar de reducir su incidencia, así como para dar mayores penas a quienes incurran en este tipo de delitos.
En el recuento se indica que se han presentado 16 reformas legales tan sólo en el periodo legislativo en curso, que inició el 1 de septiembre de 2021 y concluye hasta el próximo 31 de agosto de 2024.
De estas iniciativas, 11 están pendientes de su análisis y discusión por los legisladores mexicanos; dos han sido retiradas por los promoventes, dos desechadas y una pendiente de ser presentada en la Comisión Permanente del Congreso mexicano.
