Este lunes se cumplen dos meses del inicio de las protestas antigubernamentales en Colombia. A lo largo de estas jornadas, el Gobierno de ese país sufrió varios quiebres producto de la presión social y fue cuestionado internacionalmente por la actuación de sus cuerpos de seguridad frente a las denuncias de violación de los derechos humanos de los manifestantes.

Lo que comenzó como un llamado a “paro nacional”, el pasado 28 de abril, decantó en una oleada de movilizaciones en varias ciudades del país, más allá de Bogotá, donde participaron integrantes de movimientos sociales, sindicales y feministas; estudiantes y miembros de las comunidades indígenas y afro, entre otros.

A estas acciones de calle, que inicialmente fueron en rechazo al proyecto de reforma tributaria impulsado por el presidente Iván Duque (que posteriormente fue retirado), se le sumaron otras demandas como la intervención del Estado en el sistema de salud; la vacunación masiva frente a la crisis por el coronavirus; la creación de una renta básica mensual para 7,5 millones de familias en situación vulnerable; una política de defensa de la producción nacional y matrícula cero universal, entre otras exigencias.

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Estas movilizaciones se realizaron en medio de cifras alarmantes que daban cuenta del impacto de la pandemia en el país. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), un 42,5% de la población colombiana se encuentra en pobreza monetaria, lo que se traduce en 21 millones de personas en el contexto de la crisis del coronavirus, que ya acumula cuatro millones de casos y que superó la barrera de los 100.000 muertos en Colombia.

¿Cómo va la protesta?

En dos meses, si bien las manifestaciones continúan, han ido perdiendo fuelle. Una de las razones ha sido el incumplimiento del Ejecutivo de la petición de desmilitarización de las zonas donde había plantones y movilizaciones, por lo que algunos participantes se han replegado ante el temor de que se vulneren sus derechos.

Otra causa que tuvo impacto en la movilización fue el retiro del Comité Nacional de Paro de las protestas, debido a que no vio cristalizada una negociación con Duque, a pesar de haber sostenido varios encuentros con voceros del Ejecutivo. Además, anunció un cambio de estrategia que implica encuentros en municipios regiones para dar a conocer sus planteamientos.

Algunos sectores han dicho que estas acciones son para sopesar una eventual participación en la campaña electoral del año próximo y así presentar una alternativa al uribismo.

El Comité, señalado por algunas colectivos de manifestantes de no aglutinar a todos los sectores que integran la protesta, se encargó de convocar y organizar las manifestaciones en un escenario donde no hubo un liderazgo de algún grupo político o social que destacara y que capitalizara las acciones de calle.

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