La sacudida interna en el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló a un nuevo nivel de tensión. Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, el contralor interno del órgano electoral, Víctor Hugo Carvente, confirmó que existen expedientes abiertos contra funcionarios del instituto por irregularidades graves y desvío de recursos.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) detalló que la fiscalización inició a raíz de diversos hechos difundidos en medios de comunicación, derivando en un paquete de 18 investigaciones activas. De ese total,cinco exfuncionarios ya fueron formalmente imputados por conductas calificadas como graves y han sido citados a sus respectivas audiencias iniciales.
Conflicto de interés y desvío de fondos
Carvente expuso que entre los expedientes destaca un “caso maestro” del cual se desprenden cuatro líneas de investigación clave. En tres de ellas se documentaron actuaciones directas bajo conflicto de interés,mientras que en la cuarta se indaga el ocultamiento deliberado de dicho conflicto.
El contralor subrayó que ocho de las pesquisas ya habían sido detectadas previamente por las auditorías internas del propio instituto antes de cobrar relevancia pública, lo que permitió estructurar las carpetas por presuntas anomalías administrativas y penales.
Además, en lo referente a la adquisición de materiales electorales, el área de fiscalización ha girado 25 vistas directas a la unidad de investigaciones por un catálogo de conductas ilícitas que incluye:
- Abuso de funciones y conflicto de interés.
- Desvío de recursos públicos y daño patrimonial a la Hacienda Federal.
- Simulación de requisitos en procesos de licitación pública.
- Infracciones cometidas por proveedores particulares.
Sanción y veto a empresa proveedora
En este contexto de saneamiento, el contralor dio a conocer la inhabilitación y multa económica impuesta a la firma Bell-Krom S.A. de C.V., sanción publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de octubre.
La proveedora incumplió con la entrega de un lote de vestuario institucional: de los 25,302 chalecos contratados, únicamente entregó 7,267 en el plazo fijado, dejando un saldo pendiente de 18,035 unidades.Ante el flagrante incumplimiento, el INE procedió a la rescisión definitiva del contrato, sentando un precedente en la fiscalización de las contrataciones del arbitro electoral.
