La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa un “Plan B” en materia electoral tras el fracaso legislativo de su reforma original, una iniciativa que no alcanzó la mayoría calificada en el Congreso. La nueva estrategia busca rescatar parte de los cambios propuestos mediante ajustes legales y mecanismos de participación ciudadana.
Entre los ejes centrales se encuentra la reducción del gasto político. El planteamiento incluye recortes al financiamiento público de partidos, así como ajustes al presupuesto destinado a órganos legislativos locales y estructuras administrativas del sistema electoral.
Otro punto relevante es la posibilidad de someter a consulta popular decisiones sobre el financiamiento de partidos políticos, lo que, según el planteamiento del gobierno, permitiría a la ciudadanía intervenir directamente en la definición del modelo de financiamiento de la política.
La propuesta también contempla modificaciones en los mecanismos de democracia participativa, entre ellas adelantar la consulta de revocación de mandato para que coincida con las elecciones intermedias de 2027, lo que reduciría costos y concentraría procesos electorales.
El proyecto incorpora además medidas de fiscalización más estrictas sobre los recursos de campaña, con mayor coordinación entre autoridades electorales y organismos financieros para detectar irregularidades o financiamiento ilícito.
Otro componente novedoso es la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda política, que obligaría a identificar claramente cuando contenidos audiovisuales hayan sido generados mediante estas tecnologías, con el objetivo de frenar la desinformación digital.
El plan también plantea revisar el sistema de representación proporcional, particularmente el mecanismo de listas plurinominales, así como acelerar los cómputos electorales para que el conteo oficial pueda iniciar el mismo día de la jornada.
Las propuestas se enmarcan en un contexto político marcado por la confrontación entre el oficialismo y la oposición sobre el rumbo del sistema electoral mexicano. Mientras el gobierno sostiene que busca reducir costos y ampliar la participación ciudadana, sectores críticos advierten que cualquier cambio debe preservar la autonomía institucional y los contrapesos del sistema democrático.
Con el Plan B, el gobierno de México intenta mantener viva la discusión sobre la reforma electoral, aunque ahora en un terreno legislativo y político más fragmentado.
