El analista político Joshua Treviño publicó recientemente en el semanario británico The Spectator, fundado en 1828, un artículo en el que sostiene que existe una relación estructural y funcional entre el Estado mexicano y organizaciones del narcotráfico, particularmente el Cártel de Sinaloa. El señalamiento se produce después de que la Casa Blanca incluyera, en una declaración oficial sobre aranceles, la afirmación de que “las organizaciones mexicanas del narcotráfico mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México”.
De acuerdo con Treviño, esta afirmación representa un punto de inflexión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al implicar que el gobierno mexicano no solo ha sido omiso, sino que habría actuado en coordinación, protección o beneficio mutuo con grupos criminales responsables de miles de muertes y del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
El autor plantea que, de confirmarse plenamente esta tesis, el caso mexicano sería equiparable -o incluso más grave- que otros episodios históricos considerados inaceptables por Washington, como el régimen de Manuel Noriega en Panamá o la protección estatal a organizaciones terroristas, debido a la extensión de la frontera común entre ambos países.
Treviño sostiene que, dentro de los círculos especializados en la relación México–Estados Unidos, la existencia de esta colusión no resulta novedosa. Afirma que lo sorprendente no es el pronunciamiento reciente de la Casa Blanca, sino que no se hubiera producido con anterioridad. En ese contexto, menciona informes como el actualizado en 2025 por la Texas Public Policy Foundation, donde se documenta una presunta historia de cooperación entre autoridades mexicanas y cárteles.
En su análisis, el autor describe al Estado mexicano como un régimen populista de izquierda con rasgos de partido hegemónico, alineado política e ideológicamente con gobiernos como los de Cuba y Venezuela. Según su argumento, en este esquema los cárteles serían utilizados no solo como fuentes de financiamiento y control territorial, sino también como instrumentos de política exterior, especialmente en su relación con Estados Unidos.
Treviño identifica como figura central de este entramado al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), a quien atribuye una influencia persistente sobre el partido Morena y el actual gobierno. El artículo sostiene que durante su mandato existieron múltiples gestos y decisiones públicas interpretadas como favorables al Cártel de Sinaloa, entre ellas visitas reiteradas a Badiraguato, intervenciones en operativos de seguridad, la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, y acciones diplomáticas relacionadas con el general Salvador Cienfuegos.
Asimismo, recuerda que investigaciones periodísticas de ProPublica y The New York Times revelaron la existencia de indagatorias del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos financieros entre López Obrador y el Cártel de Sinaloa, investigaciones que, según el autor, no prosperaron durante administraciones anteriores en Washington.
El texto también menciona a otros actores políticos señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales, entre ellos exfuncionarios federales, gobernadores y líderes estatales de Morena, así como referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel del Noreste. Treviño subraya que, a partir del 20 de enero de 2025, Estados Unidos designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
En el plano internacional, el artículo advierte sobre actividades políticas del partido Morena en ciudades estadounidenses, el papel de consulados mexicanos en la atención a migrantes y el flujo de remesas, así como intentos históricos de influencia en procesos políticos de Estados Unidos.
Finalmente, Treviño afirma que, pese al relevo presidencial ocurrido el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia, la estructura política y las presuntas redes de colusión se mantienen intactas. A su juicio, la reacción del gobierno mexicano ante las declaraciones de la Casa Blanca refleja no solo un nacionalismo defensivo, sino la preocupación de actores cuyos intereses podrían verse afectados por eventuales acciones judiciales desde Estados Unidos.
El autor concluye que la responsabilidad de esta situación recae en el Estado mexicano y que corresponde al gobierno estadounidense definir las medidas de política exterior y seguridad derivadas de este diagnóstico.
