“No fue suicidio, fue feminicidio”.
Escribe esta frase en algún buscador de internet. Los nombres que arrojará son varios: Lesvy Berlín Osorio en la Ciudad de México; Edna Reyes y Mariana Lima del Estado de México; Yolanda Martínez Cadena de Nuevo León; Luz Raquel Padilla de Jalisco. Las víctimas tienen algo en común: fueron revictimizadas o ignoradas por las autoridades y sus asesinatos fueron clasificados como suicidios (o como accidentes, si recordamos el caso de Debanhi Escobar, en Nuevo León).
Todos estos casos revelan la falta de preparación en perspectiva de género de las autoridades encargadas de investigar e impartir justicia. El problema, sin embargo, no es que no existan tipificaciones de delitos como el feminicidio, o que hagan falta lineamientos.
“El problema sigue existiendo porque los servidores públicos serán servidores públicos, pero, al final, son seres humanos. Y si el Estado propicia estos espacios donde es común la misoginia, donde las autoridades menosprecian la violencia de género o las estadísticas por violencia, pues sigue ocurriendo esto”, apuntó la abogada penalista Leslie Jiménez, integrante de Impunidad Cero, en entrevista para El Financiero.
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Las fiscalías y procuradurías de justicia de México han insistido en catalogar algunos de los asesinatos violentos de mujeres como suicidios. Pasó con la abogada Digna Ochoa en noviembre de 2001, pasó con Yolanda Martínez en Nuevo León y pasó con Luz Raquel Padilla en julio de este 2022, en el caso más reciente de revictimización por parte de las autoridades. Esto pese a los antecedentes de amenazas y violencia que las mujeres vivían antes de sus muertes.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya contempla órdenes y mecanismos de emergencia para salvaguardar a mujeres que viven violencia. ¿El problema? Las autoridades no aplican los mecanismos de protección a partir de un criterio de análisis de riesgo en cada caso concreto de mujeres que narran violencia.
“Por ejemplo, (una mujer) viene y te narra que está viviendo violencia por parte del vecino, en donde ya está dado este tipo de señalamientos de un daño físico, en hipótesis, las autoridades tendrían que implementar mecanismos de protección atendiendo a la violencia narrada, pero no se está dando de esta manera”, puntualizó la abogada.
