El gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, empleó recursos públicos en un mitin que Morena organizó el 17 de noviembre pasado en el Zócalo de Cuernavaca, el cual estuvo encabezado por el dirigente nacional morenista Mario Delgado.
La administración de Blanco envió al evento 750 sillas para el público, 12 sillas para presídium y 40 vallas, de acuerdo con un oficio firmado por Ramón Gerardo Pérez Martínez, director general de servicios de la Secretaría de Administración de Morelos, que respondió a una solicitud de apoyo realizada por Morena el 16 de noviembre, un día antes del evento político.
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En el mitin, Delgado se refirió a la reforma electoral enviada por el titular del Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, y convocó a los asistentes a participar en la marcha del 27 de noviembre en la Ciudad de México en la que se celebraría el cuarto año de gobierno de López Obrador.
“Implica un presunto desvío de recursos que se están usando para fines partidistas, además de un posible delito electoral”, establece Roberto Salinas Ramírez, director de la asociación civil Morelos Rinde Cuentas.
De acuerdo al artículo 134 de la Constitución, los funcionarios tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
“Estos actos se deben vigilar porque los recursos que deberían destinarse para la ciudadanía, para el desarrollo social y económico, podrían estarse destinando para fines electorales. Además, estamos viendo violaciones constantes a leyes al adelantarse a procesos electorales en todo el país”, señala Salinas Ramírez.
Por ejemplo, agrega, en diversas calles de Morelos se han colocado espectaculares con la fotografía de la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, y en otra campaña publicitaria aparece la imagen del secretario de Movilidad y Transporte de Morelos, Víctor Mercado.
“Todos estos posibles usos de recursos puedan darse en este marco de violar las leyes electorales por parte de gobierno, partidos y funcionarios. Estas violaciones constantes a la ley y el adelantarse a procesos electorales se pueden normalizar, lo cual implica un riesgo para la democracia y para el adecuado uso de los recursos públicos”, advierte Salinas Ramírez.
