Desde que el pasado 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional en Colombia, se han registrado 3,155 casos de violencia policial en las protestas multitudinarias que han generado una grave crisis política para el Gobierno del presidente Iván Duque.
Así lo reporta Temblores, una organización de derechos humanos que ha concentrado las denuncias que no cesan, en vista de que las fuerzas de seguridad del país sudamericano siguen reprimiendo a los manifestantes que salen a diario a las calles para exigir un cambio rotundo de sistema político.
De acuerdo con los reportes, a casi un mes del inicio del Paro, 955 personas han sido víctimas de violencia física, 22 de violencia sexual y cinco de violencia basada en su género.
Un dato a destacar es que, al igual que ocurrió en las protestas de Chile en 2019, en Colombia hay denuncias de que los policías están disparando directo a los ojos de los manifestantes. Hasta ahora se han confirmado 46 agresiones oculares, según las ONG.
Te puede interesar: #PoderPrieto: una potente campaña en redes sociales para denunciar el racismo en México se hace viral
También se denuncian 43 homicidios, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de Seguridad, 1.388 detenciones arbitrarias, 595 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas y 165 casos de disparos de arma de fuego.
La cifra de fallecidos que informa la organización de derechos humanos coincide con la que la Fiscalía General de la Nación publicó en su último reporte, emitido el pasado lunes. Sin embargo, la institución oficial asegura que de los 43 fallecidos, solo 17 “tienen nexo directo en el marco de las protestas”, 19 “no guardan vínculo con las manifestaciones” y las siete restantes están en proceso de verificación.
La Fiscalía también informa sobre el hallazgo de 290 personas que habían sido reportadas como desaparecidas y continúa la búsqueda de otras 129.
Asimismo, según cifras de esta institución, han sido imputadas 203 personas durante las protestas, por delitos como “homicidio, violencia contra servidor público, daño a bien ajeno, obstrucción a vía pública”, entre otros.
En su informe, Temblores advirtió que, a pesar de las múltiples alarmas encendidas por parte de medios de comunicación, movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, la represión y violencia policial son persistentes.
“Teniendo en cuenta el aumento de denuncias asociadas a violencia policial recibidas en los últimos días, así como de prácticas irregulares por parte de la Fuerza Pública que hemos venido documentando y comunicando desde las últimas semanas, manifestamos nuestra preocupación y desacuerdo ante la decisión del gobierno de dilatar la visita de verificación de la CIDH en Colombia”, señaló Temblores.
