- Baja California en vilo: La gobernadora morenista ofreció información de las mesas de seguridad del Estado a presuntos agentes estadounidenses para frenar su extradición y el congelamiento de sus cuentas.
Una tormenta política de dimensiones binacionales sacude el norte del país. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra en el centro de un severo cuestionamiento institucional tras la difusión de grabaciones telefónicas donde se le escucha negociar con un supuesto asesor del Buró Federal de Investigaciones (FBI). En los audios, la mandataria estatal ofrece intercambiar información de inteligencia recopilada en las mesas de seguridad pública a cambio de frenar un proceso de extradición y evitar sanciones financieras de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
El escándalo, revelado inicialmente por el diario El Universal, expone la vulnerabilidad de la administración estatal frente a las presiones de las agencias de seguridad estadounidenses.
En los fragmentos de audio, el interlocutor advierte a la gobernadora que se encuentra ante su “última oportunidad de cooperar” antes de que la justicia de ese país proceda en su contra.
“Estoy dispuesta a hablar de todo”
La respuesta de Ávila Olmeda, lejos de la postura de soberanía nacional que abandona el discurso oficial, revela desesperación y un ofrecimiento que analistas jurídicos señalan que podría rozar el delito de traición a la patria:
“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición? (…) ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber”, se escucha en la grabación.
“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
El origen de la crisis: Visas retiradas y presuntos nexos
La debacle política de la mandataria de Morena comenzó a gestarse en mayo de 2025, cuando se convirtió en la primera gobernadora en funciones a la que el gobierno de Estados Unidos le revocó el visado sin ofrecer detalles públicos. Este hecho alimentó las sospechas de una investigación en curso por delincuencia organizada, una ruta procesal similar a la que enfrentó recientemente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El cerco estadounidense también alcanzó al entorno más cercano de la gobernadora. Washington retiró la visa a su exesposo, Carlos Torres, quien se desempeñaba como coordinador de Proyectos Estratégicos del estado. A Torres se le vincula con presuntos arreglos de protección para una facción del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos estimados en 9 millones de pesos mensuales (aproximadamente 514 mil dólares). Tras el estallido de este primer escándalo, la pareja concretó su divorcio.
La postura oficial: “Cooperación fronteriza”, no subordinación
A través de un comunicado de prensa, la gobernadora Ávila Olmeda admitió la autenticidad de los audios, confirmando que la llamada existió. No obstante, matizó las circunstancias señalando que las personas con las que dialogó se ostentaron como emisarios de agencias norteamericanas sin acreditar formalmente su personalidad jurídica.
La mandataria estatal rechazó categóricamente haber realizado “acuerdos en lo oscurito” y argumentó que su ofrecimiento de compartir información sensible se encuadra en los canales habituales de coordinación metropolitana y de seguridad que mantiene Baja California con California por su condición de estado fronterizo. Según la gobernadora, esta relación bilateral se conduce bajo una política de reciprocidad y “no subordinación”.
A pesar de asegurar que se encuentra “tranquila”, el caso ha abierto un profundo debate sobre los límites de la cooperación internacional y el manejo de información clasificada del Estado mexicano frente a agencias extranjeras.
