Junto con otros 11 países de América Latina, el Instituto Nacional de Migración de México reforzará los mecanismos para el intercambio de información sobre redes de tráfico y trata de personas en la región, según informó la Secretaría de Gobernación.

“El propósito es promover acciones conjuntas e implementar tareas de protección y salvaguarda de los derechos humanos e integridad de las personas migrantes”, se lee en un comunicado distribuido por la dependencia, en el marco de la XXVI Conferencia Regional sobre Migración.

Durante la reunión del grupo de trabajo, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, expresó la importancia de la cooperación internacional para atender los flujos migratorios de manera “segura, ordenada y regular”, con apego a la protección de los derechos humanos.

Anuncios

En sesión virtual, los representantes de 11 países miembros de la conferencia comentaron sus experiencias respecto a los flujos migratorios irregulares provenientes de otros regiones como el Caribe, África y Asia.

Te puede interesar: Grupo armado roba contenedores con millones de municiones en una carretera de México

En septiembre, la conferencia tendrá un nuevo encuentro para revisar los retos que plantea la migración “extra-regional”. Los países convocados son Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

De acuerdo con informes oficiales, los niños se han convertido en el nuevo blanco de los traficantes de personas y se calcula que un tercio de los afectados por este delito son menores de edad.

La explotación sexual sigue siendo el motivo más común del tráfico, pero la proporción de personas que son objeto de trata para el trabajo forzoso ha crecido del 18 al 38 por ciento entre los casos detectados. Más recientemente se han detectado más víctimas con fines de delincuencia forzada.

En los países de bajos ingresos, los niños representan la mitad de las víctimas detectadas y son principalmente objeto de trata para trabajos forzados (46 por ciento), de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Publicidad