Yadira Medina, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, declaró inconstitucional el proceso para la edición y reparto de los nuevos libros de texto ordenando al Gobierno utilizar los del pasado ciclo escolar 2022-2023.
La jueza federal concedió ayer el amparo promovido en abril por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que atribuyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de no ajustarse a los requisitos legales para generar los nuevos libros y programas de estudio.
A partir de ahora, la SEP tendrá diez días hábiles para impugnar la orden ante un tribunal colegiado de circuito, y mientras no sea confirmada en definitiva, no estará obligada a acatarla.
La justicia federal amparó a la UNPF sobre la ilegalidad del proceso de la SEP y fue concedido para estos efectos:
Debido a que la SEP impugnará, esta sentencia difícilmente llegará a ser aplicada, por lo menos en el actual ciclo escolar, que inicia el próximo lunes 28 de agosto, y ya estará avanzado cuando el tribunal revisor dicte la sentencia final del amparo.
Lo que la SEP sí tendría que haber acatado de inmediato fue la suspensión definitiva que la jueza concedió el pasado 25 de mayo, cuando ordenó someter la elaboración de los libros a consulta de todas las secretarías de educación estatales, así como publicar los programas de estudio en los que serán utilizados y capacitar a todos los maestros del país para su uso, entre otros requisitos.
El pasado 15 de agosto la SEP publicó en un “decretazo” los nuevos programas de estudio de educación básica, con los que implementará el Plan de Estudios y que es la base de los nuevos libros.
Los estados de Chihuahua y Coahuila promovieron controversias contra los nuevos libros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Ministro Luis María Aguilar concedió el 11 de agosto una suspensión para que no se distribuyan los nuevos libros mientras se resuelve el litigio.
