La captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos ha desatado una oleada de reacciones que, más allá del debate jurídico, deja al descubierto una fractura más profunda: la calidad del razonamiento político con el que los Estados interpretan el mundo. No se trata únicamente de estar “a favor” o “en contra” del desenlace venezolano, sino de cómo se construyen los argumentos de la argumentación para sostener una postura en un escenario de alta complejidad internacional.
Lo que llama particularmente la atención es que gran parte de los países que condenaron con mayor vehemencia la captura -apelando de forma casi automática a la soberanía y a la Carta de la ONU- repiten un patrón de respuestas simplificadas, ancladas en consignas históricas y reflejos diplomáticos propios del siglo XX. En varios de estos casos, la reacción parece menos el resultado de un análisis informado y más una inercia ideológica que evita deliberadamente entrar en la sustancia del problema venezolano: un Estado fallido, capturado por redes criminales y sostenido por una estructura autoritaria.
En esa tesitura se ubica el México de la llamada Cuarta Transformación, donde se confunde legalismo con inteligencia estratégica y se vuelve a exhibir una debilidad estructural de larga data. Nuestro país arrastra un bajo nivel de formación cívica y estratégica en amplios sectores de sus élites políticas, particularmente en aquellas encargadas de la política exterior, que parecen no contar con la preparación necesaria para comprender y enfrentar escenarios de esta magnitud. El déficit persistente en educación, innovación y pensamiento crítico se traduce en una diplomacia reactiva, dogmática y poco sofisticada, donde condenar “enérgicamente” se convierte en un sustituto del análisis profundo.
En contraste, las naciones que optaron por una postura de cautela, desescalada y énfasis en una transición con legalidad exhiben un enfoque más acorde con sistemas políticos donde el debate público, la educación y la planificación estratégica ocupan un lugar central. Estos Estados -principalmente europeos y algunos latinoamericanos- evitaron tanto la celebración acrítica como la condena automática. Reconocieron la excepcionalidad del hecho, ponderaron sus riesgos y centraron el discurso en la gestión de consecuencias: estabilidad regional, derechos humanos y reconstrucción institucional.
No es una coincidencia. Las sociedades con mayores niveles educativos tienden a producir políticas exteriores menos impulsivas, más conscientes de los matices y de los costos de cada decisión. La cautela no es tibieza; es comprensión de la complejidad. Y la complejidad es un privilegio que solo pueden permitirse aquellos países que han invertido durante décadas en educación, institucionalidad y pensamiento crítico.
El debate, entonces, no es si Estados Unidos “debía” o no capturar a Maduro. El debate real es qué tipo de comunidad internacional queremos: una que reacciona con eslóganes y reflejos ideológicos, o una que analiza escenarios, evalúa precedentes y prioriza soluciones sostenibles. La primera suele gritar más fuerte; la segunda piensa antes de hablar y, por lo general, obtiene mejores resultados.
En este episodio, la línea divisoria no pasa únicamente por la geopolítica, sino por algo más elemental y, a la vez, más incómodo de admitir: la brecha educativa que separa a quienes repiten dogmas de quienes entienden el mundo como un sistema complejo. Esa brecha, hoy, pesa tanto como cualquier alianza militar.
Las ideologías, cuando se convierten en dogma, polarizan y han llevado al ser humano a cometer algunas de las mayores barbaries de la historia, como lo documenta ampliamente la experiencia universal. Por desgracia, ese clima de polarización ideológica es el que se vive en el México del siglo XXI.
