Por Jorge Luis Camacho Ortega, Consejero Nacional de Coparmex
México se encuentra en la antesala de una transformación profunda —y peligrosa— de su sistema judicial. La reforma que propone la elección de jueces y magistrados mediante un proceso electoral para que el “Pueblo” los elija con su voto ha sido presentada y vendida por el oficialismo como un avance democrático. Sin embargo, en la realidad representa un riesgo directo a la independencia del Poder Judicial, a la justicia misma y al Estado de derecho.
En Coparmex lo dijimos desde el primer momento: nos oponemos a la reforma al Poder Judicial. Es fundamental contar con un Poder Judicial autónomo, profesional e imparcial. Esta reforma, lejos de fortalecer la democracia, abre una peligrosa puerta a la politización, a la improvisación y, lo más preocupante, a la infiltración del crimen organizado.
Un juez debe ser elegido por su trayectoria, conocimientos y compromiso con la legalidad, no por su capacidad de hacer campaña. Hoy, la justicia corre el riesgo de ser tratada de la misma manera que en otros procesos electorales, en los que los grupos de poder, el amiguismo, el nepotismo y el pago de favores determinan a los candidatos, y el marketing político y la movilización de estructuras definen a los ganadores. Ya sabemos lo que puede suceder cuando la justicia se compra o se gana por simpatía y no por mérito: se convierte en una herramienta al servicio del poder, no de la ley.
La propuesta para que los mejores sean elegidos es inviable: el 1 de junio miles de aspirantes competirán por 881 cargos judiciales. Muchos de ellos no tienen experiencia en el Poder Judicial ni formación jurídica sólida. La boleta será extensa y la información de los candidatos, escasa. ¿Cómo podremos distinguir entre perfiles? ¿Cómo elegir al que sí hará un buen trabajo y quién llegará a aprender tomando decisiones jurídicas sobre nuestras vidas y patrimonio? ¿Cómo evitar que partidos políticos o intereses criminales “apadrinen” candidaturas con dinero e influencia?
Hace unos días coincidí con una magistrada que aspira a tener un lugar en la Corte. Durante sus más de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial se estuvo preparando, forjando una carrera judicial meritoria y realizando estudios en México y en el extranjero de maestrías y doctorados. Hoy, en la elección, se va a enfrentar a personas que nunca han litigado ni trabajado en el Poder Judicial, y que probablemente sean electas no por sus méritos, sino por quienes las están apadrinando. Noté su frustración y su preocupación de que la Corte quede en manos de personas incompetentes.
Nosotros hemos señalado los riesgos y, de igual manera, lo han hecho organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, la CIDH, Human Rights Watch, el Senado de EU e incluso el embajador estadounidense Ken Salazar, quien advirtió que esta reforma puede facilitar la intromisión del crimen organizado en el sistema judicial. Y es lógico: sin filtros técnicos y sin vigilancia efectiva, la justicia se convierte en un botín electoral más.
Desde Coparmex hemos tomado una postura firme. No promoveremos el voto en este proceso electoral. No podemos legitimar un diseño viciado desde su origen. Pero sí estaremos presentes. Vamos a observar. A través de un grupo de voluntarios daremos seguimiento a la jornada electoral para documentar irregularidades, vigilar el uso de recursos públicos y, sobre todo, asegurarnos de que, dentro de lo posible, el proceso se lleve a cabo con transparencia y legalidad.
Esta reforma debilita al Poder Judicial y su autonomía, lo expone a intereses políticos y pone en riesgo el estado de derecho y la confianza ciudadana.
La justicia no se improvisa. Se forma, se construye, se defiende.
Y desde Coparmex, lo vamos a seguir haciendo.
