Ciudad de México .- Con una fuerza en el Congreso que no ganó en las urnas, presumiendo actitudes gangsteriles, un grupo político entierra la idea de construir gobiernos técnicamente competentes y jurídicamente responsables; y entierra también las posibilidades de construir un Estado de garantías. Un recuento incompleto da cuenta de la marcha del país hacia un peor futuro:
Cuando las empresas hacían trampas para inflar precios, la Comisión Federal de Competencia Económica procuraba que existiera calidad y diversidad, tanto en productos como en servicios, y sin abusos en los precios. No más. Cuando también hubo abusos de las empresas de telecomunicaciones, entraba el Instituto Federal de Telecomunicaciones para sancionarlos. No más.
Cuando había que vigilar los contratos sobre energía y que hubiera piso parejo para todas las empresas; y cuando se daba importancia a que la energía fuera limpia, accesible, constante y con los mejores precios en el mercado, ahí estuvieron la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El sexenio pasado ambos organismos fueron colonizados y anulados, y ahora terminaron de destruirlos. El país tenía mecanismos para promover una política energética de vanguardia. No más.
Para conocer los avances o los retrocesos en la educación básica estaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que también fue destruido el sexenio pasado. En su lugar se inventó una inoperante Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la cual ahora también desaparece. El país tenía mecanismos para mejorar la educación de los niños. No más.
Cuando había que desmentir al gobierno con cifras verídicas sobre pobreza y generar propuestas para mejorar los programas en favor de la gente, ahí estuvo el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social. No más. Cuando había que defender la información personal de una persona o cuando se quería saber si el gobierno cumplía con sus obligaciones o cualquier cosa que prefiriera ocultar, ahí entraba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. No más.
La destrucción de todos estos organismos autónomos es parte de una demolición más amplia y profunda. Por eso el asalto al Poder Judicial y la destrucción de las carreras de miles de funcionarios judiciales honorables y honestos. Su desaparición es de hecho congruente con el secuestro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con la ampliación de los casos en los que se aplicará una prisión automática, sin juicio ni sentencia, que viola la presunción de inocencia y que encubre la incapacidad de las fiscalías para procurar justicia.
Es mentira que el objetivo de toda esta demolición sea ahorrar dinero. Cuidar que haya competencia, energía limpia y barata, educación de calidad e información confiable, no es tirar el dinero, es invertir bien. Dejar sin recursos no sólo a la educación, sino también a la salud, a la seguridad, a la infraestructura y al medio ambiente, no es ahorro, es abandono. Destruir y derrochar ahorros públicos por corrupción e ineptitud, derrocharlo en obras absurdas y en arreglos con las Fuerzas Armadas, eso no es austeridad; es simplemente eso, destrucción, derroche y abrir brecha para mandar sin la incomodidad de ofrecer resultados ni rendir cuentas.
El gobierno quiere poder sin responsabilidad, y por eso México tendrá gobiernos cada vez más inútiles y corruptos, acelerando su marcha hacia un futuro con más inseguridad y más abusos, con menos crecimiento y menos oportunidades, con menos información y menos derechos; en síntesis, hacia una vida cada vez peor para la mayoría de los mexicanos.
Artículo enviado por Causa Común
