La imagen es tan contundente como vergonzosa. Colaboradores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agachados en plena vía pública, limpiando los zapatos del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. No es una anécdota menor ni un “malentendido”, como se ha querido presentar. Es una postal del poder mal entendido, una escena que desnuda prácticas que se suponían desterradas del servicio público mexicano.

Las explicaciones posteriores resultan insuficientes. Que si fue un accidente, que si nadie dio la orden, que si se trató de un gesto espontáneo. Nada de eso cambia lo esencial. Un funcionario del más alto nivel permitió una escena de sometimiento simbólico, impropia de un Estado que se dice democrático y republicano. En política, y más aún en el ejercicio del poder judicial, el simbolismo importa tanto como la legalidad.

El presidente de la Suprema Corte no es un ciudadano común en un acto privado. Es la cabeza de uno de los tres poderes de la Unión, representante de la justicia, la igualdad ante la ley y la dignidad institucional. Que frente a él se normalice una conducta de servilismo no solo exhibe a sus colaboradores, sino que lo compromete directamente como responsable del entorno que genera y tolera.

El episodio ocurre, además, en un contexto de profundo descrédito hacia las élites políticas y judiciales. Mientras millones de mexicanos enfrentan precariedad, abuso de autoridad y un sistema judicial lento e inaccesible, la imagen que emana del máximo tribunal es la de privilegios, jerarquías y trato diferenciado. No es solo una mala imagen, es un insulto institucional.

La posterior disculpa pública no revierte el mensaje enviado. El daño no fue administrativo ni personal; fue moral y político. Porque cuando el Poder Judicial se muestra distante, arrogante o ajeno a la realidad social, pierde la autoridad ética necesaria para exigir respeto a la ley.

Este no es un debate sobre zapatos sucios o café derramado. Es un debate sobre cómo se ejerce el poder y qué conductas se consideran aceptables en la cúspide del Estado. Si el presidente de la Suprema Corte no es capaz de frenar, de inmediato y sin titubeos, una escena que humilla a sus propios colaboradores, ¿qué puede esperarse hacia afuera?

En la justicia, como en la política, las imágenes también juzgan. Y en este caso, el veredicto ciudadano fue inmediato: el poder que se deja servir de rodillas pierde legitimidad de pie.

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