Ayer se avanzó en la militarización formal de una Guardia en los hechos ya militarizada, condenando a las Fuerzas Armadas a cumplir con una misión que no podrán cumplir, e integrándolas cada vez más a un plan partidista. Hoy se dio otro paso en dicho plan, al enfilar legislativamente la desaparición de cualquier componente del Estado mexicano que pudiera conducirse con cierta autonomía con respecto a los designios del grupo en el poder.
La próxima desaparición de la Comisión Nacional de Competencia, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Reguladora de Energía, del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, representa un golpe irreversible a la pretensión de construir gobiernos técnicamente competentes y jurídicamente responsables.
En el caso de la destrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se trata del corolario natural de una disposición por ocultar sistemáticamente información que dé cuenta de las realidades que México padece.
La militarización va de la mano de la destrucción de un Estado de garantías y de la cancelación de espacios y mecanismos que permitan el análisis y la crítica. Son las últimas horas de nuestra democracia.
Boletín de Causa en Común
