La desesperación y arbitrariedades del presidente Andrés Manuel López Obrador se hacen más evidentes con los ataques que ha emprendido en contra de la senadora y aspirante del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez, ahora violó el secreto fiscal al que están obligados todos, incluido el Ejecutivo federal, los servidores públicos.
Y es que el día de ayer López Obrador, a través de su cuenta oficial de Twitter difundió un archivo de PDF con los contratos de dos empresas de Xóchilt Gálvez obtenidos con entidades privadas y dependencias públicas con montos que suman más de mil 400 millones de pesos, el que rápidamente fue difundido profusamente por funcionarios federales, gobernadores, legisladores y alcaldes de Morena.
Sin embrago, utilizar el aparato del Estado para investigar el origen de los recursos de las empresas de mantenimiento de la fuerte opositora constituye un delito en términos de lo que dispone el articulo 69 del Código Fiscal Federal (El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación) y el 214, fracción IV del Código Penal (Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.)
Los contratos dados a conocer corresponden a las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, los cuales pactaron servicios entre 2015 y 2023.
En su perorata López Obrador escribió en Twitter “Ésta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez, por alrededor de mil 400 millones de pesos, en nueve años”, posteó en su cuenta de Twitter, “y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación”.
Cabe mencionar que los datos difundidos tienen carácter confidencial y sólo podrían obtenerse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez Álvarez, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuto titular es Antonio Martínez Dagnino.
Eso provocó que Xóchilt Gálvez acuse violación del secreto fiscal por haberse difundido esos contratos y datos personales de sus empresas.
“Procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable”, planteó en su cuenta de Twitter.
“Lo que el Presidente quiere es fulminarme y que me baje de la contienda interna del Frente Amplio por México, pero no lo va a lograr, porque no tengo por qué bajarme. No tengo nada indebido.
La intención del Presidente es desgastarme emocionalmente. Sí me preocupé cuando vi esto en la mañana (la lista de contratos de sus empresas), sí pensé en mis clientes, pero le digo: ahora más que nunca, lo voy a enfrentar, porque es un cobarde, un mentiroso”, señaló.
“El titular del SAT tiene que repensar lo que hizo hoy en la mañana, porque eso es un delito y lo voy a denunciar penalmente. ¿Por qué quiere intimidar a mis clientes? Porque lo que les está diciendo es ‘no le den trabajo”, agregó.
“A mí lo que me sorprende”, dijo, “es el nivel de agresión contra mis clientes y yo ofrezco una disculpa porque ellos no tienen ninguna vela en este entierro. Estoy entera, estoy fuerte. Estoy dispuesta a llegar a donde tope: no le tengo miedo al Presidente”.
Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), aseguró que no hay ninguna disposición que permita al presidente revelar información cuando no es con un propósito administrativo o derivado de la función pública.
Los reportes confidenciales difundidos indebidamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador detallan montos por contratos, ingresos comerciales, depósitos en efectivo, nómina pagada, datos de socios y declaración de ingresos de las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes ante Hacienda.
De los más de 1,400 millones de pesos 76 corresponderían a contratos con instituciones públicas, de gobierno, mientras que más mil 395 millones de pesos serían de transacciones con empresas privadas.
Con esa información se hace más que evidente que el gobierno de López Obrador acosa y trataría de fulminar a la fuerte aspirante presidencial en las elecciones del próximo año y al mismo tiempo se desveló que la administración actual ha contratado los servicios de la empresa propiedad de Xóchilt Gálvez y su familia.
Las dependencias públicas que han contratado los servicios de la empresas de la senadora ha desembolsado más de 13.6 millones de pesos entre 2019 y 2023. Entre las instituciones se encuentran:
- Secretaría de Salud
- Banobras
- Instituto Politécnico Nacional
- Senasica, de la Secretaría de Agricultura
- INEE, ahora Mejoraedu
- III Servicios
- Pemex Desarrollo e Inversión de Proyectos y Pemex Transformación Industrial
