La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, afirmó este jueves que el exfuncionario se siente decepcionado y engañado por las instituciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se le incrementara hasta 30 millones de dólares el monto del acuerdo reparatorio.
En entrevista radiofónica, el abogado Miguel Ontiveros afirmó que aunque todavía se tiene hasta el último día de agosto para firmar un acuerdo entre Lozoya y las autoridades federales, la defensa ya se prepara para presentar amparos contra Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Se siente engañado, decepcionado de las instituciones de la República, renunció a su defensa en España confiando en la política anticorrupción del presidente, vino, denunció, aportó elementos, colaboró constantemente incluso desde prisión con las instituciones del gobierno y ahora se siente engañado, traicionado, decepcionado”, dijo.
El abogado afirmó que el incremento de un 200% en el monto para la reparación del daño muestra que las autoridades buscan que Lozoya ya no de información sobre la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Sabemos que el gobierno de México no quiere que Emilio Lozoya hable en relación con los hechos de corrupción que él denunció vinculados al sexenio pasado en relación con un aparato organizado de poder corrupto y la forma de que no hable es ponerle una garantía impagable”, expresó.
Ontiveros narró que Lozoya ya expresó ante el juez que el incremento del monto que esto era una extorsión y engaño del gobierno de López Obrador, después de que generaron expectativas para el exdirector de Pemex para ser testigo colaborador.
“Creemos que la razón por la cual se le ha puesto esta garantía impagable es para que se calle y se quede en prisión, pero nosotros nos vamos a defender hasta el final y vamos a lograr su libertad”, reiteró.
En una audiencia del pasado 18 de julio, el acuerdo entre el gobierno federal y Emilio Lozoya se vino para abajo luego de que autoridades aumentaran el monto requerido para lograr un acuerdo reparatorio que permitiría la libertad del acusado.
Tanto Pemex como la UIF fijaron en 30 millones de dólares el monto de indemnización, casi el triple de lo requerido anteriormente (10.7 mdd).
