La judicialización del caso contra María Amparo Casar no puede leerse como un expediente aislado ni como un mero diferendo administrativo heredado del pasado. Se trata, en los hechos, de una prueba crítica para el Estado de derecho y para la credibilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que actúa con apego a la ley y sin consigna política. Sin embargo, el contexto importa. Casar no es solo una académica; es la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una organización incómoda para el poder por su constante escrutinio a los abusos gubernamentales. Judicializar su caso, más de veinte años después de los hechos y tras resoluciones judiciales previas que le fueron favorables, despierta dudas legítimas.
El fondo del asunto -la legalidad de una pensión post mortem vitalicia de aproximadamente 125,000 pesos mensuales otorgada por Pemex- debe esclarecerse con rigor técnico y sin prejuicios. Si hubo irregularidades, que se acrediten con pruebas sólidas y bajo el debido proceso. Pero si se trata de reinterpretar normas administrativas con criterios políticos, el mensaje es preocupante: cualquier ciudadano crítico puede ser llevado al banquillo con expedientes reabiertos selectivamente.
La justicia no puede operar con retrospectiva selectiva ni con cronómetros políticos. Perseguir presuntas anomalías mientras se ignoran escándalos mucho más recientes y cuantiosos en empresas públicas alimenta la percepción de un uso instrumental del aparato judicial.
La audiencia del próximo martes 16 de diciembre, ante la jueza Diana Selene Medina Hernández, no sólo definirá la situación jurídica de María Amparo Casar. Definirá, sobre todo, si la FGR está dispuesta a demostrar independencia real o si confirma que, en México, la línea entre justicia y vendetta sigue peligrosamente difusa. Cuando la ley se usa para intimidar, deja de ser justicia y se convierte en poder.
